Medellín enfrenta un nuevo capítulo de intimidaciones contra sus autoridades locales. El alcalde Federico Gutiérrez, el secretario de Seguridad y los concejales Claudia Carrasquilla, Andrés Tobón y Andrés Rodríguez denunciaron amenazas de muerte provenientes de estructuras criminales y grupos armados ilegales. Los señalados incluyen a las disidencias de las FARC (frentes 33, 36 y 18), el ELN y bandas del Valle de Aburrá como “La Oficina del Doce”, “La Terraza” y “Pesebreros”.
Alcalde Gutiérrez: “Seguiremos firmes contra el crimen”
En declaraciones públicas, el alcalde Gutiérrez aseguró que no se dejará intimidar. “A Miguel lo callaron porque el Gobierno Nacional no le prestó las garantías de seguridad. Nosotros vamos a seguir luchando por Colombia y aquí, más que nunca, vamos a mantener la firmeza y la verticalidad”, afirmó, aludiendo al asesinato del congresista Miguel Uribe.
El mandatario fue enfático en señalar que las amenazas provienen de los “peores criminales de Medellín” y criticó directamente al presidente Gustavo Petro, a quien acusó de favorecer a quienes hoy intimidan a las autoridades locales. “Este es el resultado del fracaso de la fallida paz total.No nos vamos a callar y no nos van a callar”, dijo.
Gutiérrez también anunció que continuará visitando barrios y fortaleciendo acciones contra las estructuras ilegales, asegurando que su compromiso va más allá de Medellín y Antioquia: “La responsabilidad que tenemos con Colombia es muy grande”.
Concejo exige garantías y protección urgente
El Concejo Distrital de Medellín, en rueda de prensa, rechazó de manera categórica las amenazas contra los concejales Carrasquilla, Tobón y Rodríguez. Según el boletín oficial, las intimidaciones provienen de frentes urbanos del ELN, disidencias de las FARC y bandas locales. “Estas intimidaciones representan un grave atentado contra la institucionalidad, el ejercicio político y la democracia local”, señala el comunicado.
Los corporados exigieron a las autoridades judiciales y a la Unidad Nacional de Protección reforzar de manera inmediata las medidas de seguridad y adelantar investigaciones para dar con los responsables. Además, hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que actúe con celeridad y garantice el ejercicio del control político sin presiones ni amenazas.
El Concejo ratificó su compromiso con la defensa de la democracia y la libertad de opinión, reiterando que “ni la violencia ni la intimidación pueden interferir con el cumplimiento del deber constitucional”. La corporación concluyó su mensaje con un llamado a la unidad ciudadana en defensa de la vida y la dignidad.
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