La deuda del Gobierno Nacional con el sistema de salud de Medellín asciende a más de $169.000 millones, una cifra que continúa sin ser pagada pese a la orden judicial del Tribunal Administrativo de Antioquia, cuyo plazo venció esta semana. Ante el incumplimiento, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga solicitó a la justicia abrir un incidente de desacato contra los ministros de Salud y Hacienda, así como contra las EPS intervenidas por la Nación.
El mandatario fue enfático en señalar que el Ejecutivo no solo ha dejado de transferir los recursos que corresponden a hospitales y clínicas, sino que ahora ha ignorado un fallo judicial en firme. “El Gobierno Nacional ha incumplido con sus obligaciones, pero ahora incumple una decisión de la justicia. Ya el Tribunal Administrativo de Antioquia le ha dado la orden de ponerse al día con las deudas que tiene con los hospitales públicos y privados. Las órdenes judiciales son de obligatorio cumplimiento y nadie puede estar por encima de la ley”, afirmó el alcalde.
La deuda golpea de manera directa a instituciones estratégicas como el Hospital General de Medellín, que espera más de $128.000 millones; el Hospital Infantil Concejo de Medellín, con $9.200 millones pendientes, y Metrosalud, con $32.000 millones. En algunos casos, las entidades apenas han recibido un 6 % de lo que les corresponde, lo que dificulta cubrir nómina, adquirir insumos médicos y garantizar la atención de los pacientes.
Medidas locales no reemplazan la obligación nacional
Para mitigar los efectos de la mora, la Alcaldía destinó en 2024 más de $200.000 millones a la red hospitalaria, con los que logró capitalizar al Hospital General, Metrosalud y el Infantil. Sin embargo, Gutiérrez advirtió que esos recursos son paliativos y no eximen al Gobierno Nacional de cumplir con sus responsabilidades financieras.
El incidente de desacato, de prosperar, podría acarrear multas económicas e incluso arresto de funcionarios responsables, ya que el incumplimiento proviene de una orden judicial. La acción popular que originó el fallo contó con el respaldo del Departamento de Antioquia, la Personería de Medellín, el Sindicato Antioqueño de Anestesiología, la Federación Gremial de Trabajadores de la Salud y otras 22 entidades públicas y privadas.
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