El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, defendió este lunes ante la Sala Plena de la Corte Constitucional la autonomía territorial del Suroeste antioqueño y pidió declarar inexequible el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023), que faculta al Ministerio de Agricultura para crear Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA). El debate es crucial , pues la norma podría redefinir el uso del suelo agrícola y turístico en la región.
En su intervención, el mandatario advirtió que las APPA trasladan al Gobierno nacional la potestad de decidir dónde y cómo se cultiva, lo que limitaría la planeación local y proyectos productivos asociados al turismo y la agroindustria. Según Rendón, la medida “es una afrenta a la autonomía de municipios y departamentos” y contradice los principios de coordinación y participación territorial previstos en la Constitución.
El gobernador insistió en que la norma otorga competencia exclusiva al Ministerio de Agricultura para ordenar el suelo rural, sin mecanismos de concertación. “Las APPA han querido imponerse desde el día uno y la información solo la hemos obtenido por vías judiciales”, aseguró.
Cifras y antecedentes
Antioquia ha fortalecido sus propias políticas de seguridad alimentaria con resultados visibles. Rendón destacó la reducción del 78 % en muertes por desnutrición infantil en dos décadas, el aumento de cinco veces en el presupuesto del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que alcanzó 220 mil millones de pesos en dos años, y la destinación de recursos del impuesto vehicular para financiar estas políticas.
El departamento produce más de 4 millones de toneladas agropecuarias al año en 390 mil hectáreas, con el Suroeste como tercera zona de abastecimiento. Para el gobernador, estos logros muestran que la región ya cuenta con sistemas de planificación efectivos y que imponer las APPA “desconoce la experiencia y capacidades locales”.
El presidente Gustavo Petro respondió al planteamiento de Rendón cuestionando la destinación de tierras en municipios como Jericó. “¿A tanto llegó la codicia del oro, que ya no puede distinguir el agua y la vida?”, dijo, subrayando la prioridad de preservar la vocación agrícola.
La decisión de la Corte será determinante ya que de declararse exequible el artículo 32, el Gobierno tendría control centralizado sobre los usos del suelo productivo. Esto abriría un dilema entre sostenibilidad alimentaria y autonomía regional, con efectos directos en proyectos de minería, turismo y agroindustria.
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