La Procuraduría General de la Nación abrió investigación formal contra la rectora y la tesorera de la Institución Universitaria de Envigado por un presunto detrimento patrimonial de $4.374 millones, correspondiente a recursos públicos de la vigencia 2023. El ente de control indaga si ambas funcionarias autorizaron un pago internacional sin las garantías adecuadas, lo que habría derivado en la pérdida del dinero.
Según informó la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá, el caso involucra una transferencia bancaria realizada desde la Institución Universitaria de Envigado, presuntamente para una compra internacional. La operación, por más de cuatro mil millones de pesos, habría sido aprobada y ejecutada por la rectora Blanca Libia Echeverri Londoño y la tesorera Sandra Edith Tobón Álzate.
El Ministerio Público busca establecer si las servidoras públicas vulneraron los principios de responsabilidad y moralidad administrativa, al autorizar un pago que no cumplía los requisitos necesarios. Por esta razón, la Procuraduría calificó provisionalmente la falta como gravísima a título de culpa gravísima, una de las sanciones más severas dentro del régimen disciplinario.
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