El Juzgado Séptimo Municipal de Control de Garantías de Medellín ordenó enviar a prisión a Misael Cadavid y Yaneth Rúa, implicados en presuntas irregularidades por más de $18.000 millones en contratos entre el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Según la Fiscalía, los hechos investigados ocurrieron entre 2020 y 2023, cuando Cadavid, en su rol de representante legal del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, participó en la ejecución de seis contratos con el Área Metropolitana por un monto total cercano a los $18.000 millones.
En el curso de la audiencia- que ajusta dos semanas- la defensa presentó una carta del Cuerpo de Bomberos, firmada el 10 de octubre, en la que se aceptaba la renuncia de Cadavid como representante legal. Con esta estrategia, argumentaron que al dejar el cargo ya no representaba un peligro para la sociedad ni podía interferir en el proceso, por lo que no habría motivo para enviarlo a prisión mientras avanzaba la investigación. Sin embargo, la jueza rechazó esa interpretación y concluyó que su salida del cargo no eliminaba el riesgo de obstrucción a la justicia ni de manipulación de pruebas.
La togada argumentó que Misael Alberto Cadavid representa un riesgo para la estructura de la justicia. «Indudablemente hay elementos que demuestran que puede interferir en los testimonios y adulterar pruebas»
“La única manera de garantizar la verdad es sacándolos de la comunidad”
En su decisión, la jueza determinó que tanto Cadavid como Rúa debían ser enviados a un establecimiento carcelario, al considerar que la medida domiciliaria no garantizaba el resguardo de las pruebas. “Es necesario sacar a estas personas de la comunidad para garantizar la verdad, que las pruebas no se adulteren y que los testigos puedan declarar sin presiones”, explicó.
En contraste, Elkin de Jesús González, otro de los capturados, quedó en libertad por no representar riesgo para la sociedad; además también presentó renuncia al Cuerpo de Bomberos.
Los delitos imputados son: peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y celebración indebida de contratos. Los abogados defensores de Cadavid y Rúa anunciaron que apelarán la decisión.
Este hecho tiene implicaciones directas sobre la confianza en la contratación pública en el Valle de Aburrá, un eje clave para los proyectos urbanos y de infraestructura. Para el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el fallo es una señal de avance en la lucha contra la corrupción. “Empieza a hacerse justicia por el saqueo que sufrió nuestra ciudad durante la anterior administración. La plata de la gente es sagrada. No se roba. Esto apenas comienza”, afirmó el mandatario.
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