Asobancaria, emitió un pronunciamiento tras la decisión del Gobierno de Estados Unidos de incluir en la lista OFAC- Oficina de Control de Activos Extranjeros- al presidente Gustavo Petro, algunos miembros de su familia y al ministro del Interior. El gremio reafirmó el compromiso del sistema financiero con el cumplimiento de las normas internacionales contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, una postura clave para garantizar la estabilidad del sistema y la confianza de los mercados.
Sistema financiero colombiano refuerza su reputación internacional
En su comunicado, Asobancaria recordó que Colombia fue el primer país de América en contar con un acuerdo interbancario antilavado, firmado en 1992. Desde entonces, el sector ha sostenido una cooperación constante con las autoridades norteamericanas y la banca corresponsal, lo que ha permitido consolidar una reputación de cumplimiento estricto.
“El país ha mantenido un cumplimiento estricto de los estándares internacionales, donde la colaboración y comunicación con las autoridades norteamericanas ha sido fundamental”, señaló el gremio.
Esto significa que, aunque la medida estadounidense involucre al jefe de Estado, los bancos colombianos deberán acatar las restricciones financieras impuestas por la OFAC, pues las entidades que mantengan relaciones con corresponsales en dólares están sujetas a la regulación internacional. No hacerlo pondría en riesgo su acceso al sistema financiero global y la estabilidad de las operaciones del país.
Bancos actuarán según la ley colombiana y las normas globales
Asobancaria aclaró que el cumplimiento de estas medidas se hará “en concordancia con los derechos del consumidor financiero, la normativa local y la jurisprudencia de la Corte Constitucional”.
En otras palabras, la banca buscará un equilibrio entre las obligaciones internacionales y la legislación nacional, garantizando la protección de los usuarios sin vulnerar los compromisos de cooperación global.
El comunicado también resalta que el sistema financiero continuará trabajando con las autoridades nacionales e internacionales para preservar su integridad, reforzar la confianza pública y evitar que las decisiones externas afecten el normal funcionamiento del sector.
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