La ANDI expresó su inconformidad con el aumento del salario mínimo para 2026, decretado de forma unilateral por el Gobierno en 23.78 %, al considerar que la medida eleva los riesgos sobre inflación, empleo y finanzas públicas, en un contexto de alta fragilidad fiscal.
De acuerdo con la agremiación, la decisión rompe el equilibrio que debe buscar la política salarial entre protección del ingreso y estabilidad económica. “Se generan grandes riesgos para los hogares y la economía colombiana especialmente sobre la inflación y los precios de múltiples bienes y servicios, el empleo, y hasta las finanzas públicas”, advirtió el gremio. Además, subrayó que la inflación es una de las variables que más afecta a los ciudadanos en condición de mayor vulnerabilidad, por lo que un aumento de esta magnitud podría erosionar rápidamente el poder adquisitivo que se busca proteger.
Impacto fiscal y ruptura del diálogo social
Asimismo, el gremio alertó que la medida se adopta cuando el propio Gobierno ha reconocido una situación de “emergencia económica”. En ese sentido, recordó que cada incremento del 1 % en el salario mínimo implica aproximadamente $400.000 millones adicionales en gasto público, lo que tensiona aún más las cuentas del Estado.
Paralelamente, la ANDI cuestionó la falta de concertación y el cambio metodológico introducido por el Ejecutivo al hablar de un “ingreso mínimo vital”, sin una discusión amplia en la Comisión de Concertación, espacio diseñado para equilibrar empleo, competitividad y sostenibilidad fiscal.
Para Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, el dilema es claro: “Las decisiones populistas se caracterizan por generar medidas insostenibles o estructuralmente inconvenientes”, advirtió, al señalar que los costos terminarán recayendo sobre pymes y empresas formales.
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