El Gobierno Nacional removió en 2025 a John Jairo Arboleda como rector de la Universidad de Antioquia, tras evidenciar problemas administrativos y financieros; la decisión, tomada desde Bogotá, abrió un choque institucional con la Gobernación de Antioquia, que cuestiona la forma de la intervención y anuncia acciones para defender la autonomía universitaria.
El Ministerio de Educación sustentó la salida del rector en la aplicación de la Ley 1740 y en la Resolución 16105 de 2025, que impuso vigilancia especial e inspección in situ. Según el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño, los informes técnicos evidenciaron condiciones relacionadas con la situación administrativa y financiera de la universidad, siendo la más crítica la relacionada con la fluidez de caja y las condiciones de deterioro financiero.
Por ello, Moreno explicó que se adoptó una nueva medida de inspección y vigilancia consistente en el reemplazo del rector como representante legal, decisión que —aseguró— cumple el debido proceso y se ejecuta dentro de las competencias delegadas al ministro.
El punto crítico: mala gestión vs. autonomía
Aunque coincide en que Arboleda es “un mal administrador”, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Cardona, marcó una línea roja frente a la intervención nacional. “Una cosa es que el rector sea un mal administrador; otra muy distinta es que, una vez más, Petro vulnere la autonomía de una institución que pertenece a los antioqueños”, afirmó, al tiempo que acusó al presidente de actuar “como un usurpador”. En consecuencia, la Gobernación anunció que dará la pelea jurídica y académica, para proteger la autonomía y la misión del Alma Máter.
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