La Gobernación de Antioquia calculó en $1,5 billones el impacto fiscal que dejarán la declaratoria de emergencia económica y el aumento del salario mínimo por encima de la inflación, decretados por el Gobierno Nacional. Esta situación obliga al departamento a ajustar inversión, infraestructura y transferencias clave sin frenar el empleo ni la obra pública.
Para Rendón, el incremento del salario mínimo —“cerca de cinco veces la inflación causada”, — generará $770.000 millones en sobrecostos para infraestructura, vivienda, funcionamiento y servicio de la deuda. En consecuencia, proyectos como la Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo, la estabilización de vías y obras con regalías verán reducciones en alcance, mientras que 12.000 familias resultarían afectadas por menores soluciones de vivienda de VIVA. “El gobierno de Petro borró de un plumazo el esfuerzo por reducir el gasto burocrático improductivo”, afirmó el mandatario, al tiempo que advirtió sobre una presión fiscal persistente para 2026.
FLA, precios y contrabando
Además, el decreto de emergencia obliga a la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) a transferir $720.000 millones al Gobierno Nacional. “Petro puso a la FLA, a trabajar para su empleo militante”, dijo el gobernador, alertando por el aumento del contrabando.
Por su parte, el gerente Esteban Ramos Maya explicó que una botella de aguardiente de 750 ml podría subir de $40.000 a $60.000, un alza del 44% al 47% por mayor impuesto al consumo y el IVA del 19%, lo que podría recortar ventas cerca de 40%.
Finalmente, la Gobernación plantea seguir con 200 frentes de obra y más de 11.000 empleos, ampliar subsidios a la seguridad social para empresas que contraten mujeres jefas de hogar y activar nuevas líneas de crédito vía el IDEA. “A pesar de las dificultades, seguiremos trabajando sin queja para acumular resultados”, aseguró Andrés Julián, mientras los departamentos evalúan acciones judiciales conjuntas.