La ANDI, expresó su preocupación por un documento del Gobierno Nacional que revela una serie de preguntas formuladas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a empresas que operan en el país. El pronunciamiento se conoció recientemente en Colombia y resulta relevante porque, según la ANDI, algunas solicitudes de información podrían exceder las facultades legales de la entidad, generando incertidumbre regulatoria y posibles impactos sobre la competitividad empresarial.
Para el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, aunque la SIC puede requerir información a personas naturales o jurídicas, esta facultad debe ejercerse en los precisos términos que la ley establece. El gremio, advirtió que solicitar datos sobre la estructura de costos, el margen de ganancia o elementos de política comercial, cuando no son pertinentes puede vulnerar la libre empresa, los secretos industriales y la confidencialidad de las estrategias comerciales. Además, señaló que no existe norma que asigne a la SIC la competencia para inspeccionar, en sí mismos, aspectos como los márgenes de ganancia o el uso de tecnología, lo que podría afectar la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas.
El gremio recordó que, conforme al artículo 6º de la Constitución, los funcionarios públicos solo pueden ejercer funciones expresamente atribuidas por la ley, subrayando que las facultades para solicitar información “no son una carta en blanco” en un Estado de Derecho.