En 2025, Antioquia registró 23.762 unidades de vivienda vendidas, un crecimiento de 31,7% frente a 2024, cuando se comercializaron cerca de 18.000 unidades, según Camacol Antioquia. Durante el año se iniciaron 17.187 viviendas, se lanzaron 22.641 nuevas unidades y se aprobaron 3.707.840 metros cuadrados en licencias de construcción, equivalentes al 19% del total nacional. El 80% de lo licenciado corresponde a vivienda, un dinamismo que se traduce en 491.000 empleos directos e indirectos en el departamento. Eduardo Loaiza, gerente de Camacol Antioquia, destacó que “el año 2025 en Antioquia fue un año donde se empezó a consolidar una recuperación del sector después de tres años de caídas”.
Para 2026, el gremio proyecta ventas cercanas a 23.000 viviendas, aunque reconoce riesgos por posibles incrementos en las tasas de interés hipotecarias, que podrían afectar la confianza de compradores e inversionistas. Loaiza explicó que el impacto sería más psicológico que financiero: “hay un tema de susto, de miedo, que a veces cuando la gente tiene algo de susto aplaza las decisiones de compra”, por lo que reiteró que la vivienda es una inversión de largo plazo. Además, el aumento del salario mínimo presiona los costos de construcción: “calculamos un ajuste cercano al 11% en el costo de las nuevas viviendas”, debido al peso de la mano de obra y al encarecimiento de insumos.
Estrategias para mitigar el impacto financiero
Frente al mayor costo del crédito, el sector avanza en mecanismos de cobertura financiera para proteger a las constructoras ante subidas de tasas. Según Loaiza, si la tasa de un crédito constructor sube del 12% al 14,5%, un proyecto de $35.000 o $50.000 millones podría volverse inviable. Por ello, Camacol promueve esquemas que funcionen como un “seguro” de tasa: “independiente de que el banco suba la tasa, yo voy a la fija porque me conservan en el futuro la tasa”, lo que busca reducir riesgos y evitar que los precios finales se alejen de la capacidad de compra de las familias.
El principal desafío para 2026 es la incertidumbre sobre los topes de Vivienda de Interés Social (VIS), luego de la intención del Gobierno de desligarlos del salario mínimo y atarlos a la inflación. Loaiza advirtió que esto podría generar inseguridad jurídica y afectar proyectos ya estructurados: “sería un cambio por decreto de una ley que es ilegal” y podría derivar en intervención de precios.