Los empresarios de Antioquia, manifestaron su desconcierto tras la respuesta de la Gobernación de Antioquia, a la solicitud de suspender la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. La administración departamental calificó la petición como “improcedente”, sin un análisis detallado adicional, lo que elevó la tensión con el sector productivo del departamento. La discusión es relevante porque la tasa impacta directamente los costos empresariales en un contexto de alta carga tributaria y desaceleración económica.
En días pasados, Intergremial Antioquia y Fenalco Antioquia, enviaron una carta técnica a la Gobernación de Antioquia en la que argumentó que la Tasa Especial de Seguridad, afecta las finanzas empresariales y la generación de empleo formal. Su presidente, Nicolás Posada, confirmó que recibieron respuesta oficial, pero cuestionó su alcance: “la carta nos dice simplemente, debemos responderles que es improcedente y no da lugar”. Además advirtió: “No aguantamos un impuesto más. Ya estamos asfixiados”, al señalar que mayores cargas tributarias pueden frenar la inversión y nuevas contrataciones.
En esa línea, sostuvo que si el Gobierno Nacional no gira los recursos para seguridad, el Gobernador debe gestionarlos ante la Nación y que, a partir del 7 de agosto, “debe ser suspendido el impuesto”, trasladando esa responsabilidad fiscal al nivel central.
Empresarios respaldan a la fuerza pública, pero cuestionan falta de concertación en la tasa
A renglón seguido, Posada enfatizó que el sector productivo ha estado históricamente del lado de la fuerza pública en Antioquia. “Nosotros como empresarios siempre hemos apoyado a la fuerza pública, siempre mantenemos una relación muy cordial; si se necesitan materiales de construcción, camas o algo”, afirmó, al explicar que ese respaldo ha sido constante, especialmente en zonas donde operan batallones o estaciones de Policía cercanas a las empresas.
Sin embargo, cuestionó que, pese a ese acompañamiento, no se hubiera construido un plan concertado antes de crear la tasa. “Nunca la Gobernación se acercó a nosotros a decir: ‘Vamos a tener un plan de los empresarios, para analizar cómo garantizar los recursos para este fin’”, señaló. Según el dirigente, la medida se aprobó en la Asamblea, sin diálogo previo con los gremios, lo que —a su juicio— derivó en la imposición de un nuevo impuesto que hoy presiona los costos empresariales y, en consecuencia, impacta la competitividad y el empleo en el departamento.
Presidente de la Asamblea defiende la medida y anuncia informe
Palacio, defendió la continuidad de la tasa y aseguró que los recursos recaudados se han destinado tanto a infraestructura deportiva —para fortalecer la convivencia— como a la dotación de la fuerza pública. En ese sentido, recalcó que estos ingresos son necesarios hasta 2027 para garantizar la financiación de las estrategias de seguridad. Sin embargo, señaló que espera que, con un nuevo gobierno nacional, se giren más recursos para este propósito y así poner fin a la tasa. Además, confirmó que entre marzo y abril se presentará un informe de gestión en el que se detallará el recaudo y la destinación de los fondos, con la participación de las secretarías de Seguridad y Hacienda.
Seguridad sí, pero sin asfixia: empresarios piden freno a la tasa de seguridad en Antioquia