Tras conocerse la propuesta del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de aplicar un impuesto al patrimonio de hasta 1,6% al sector financiero y minero-energético, además de una tarifa de 0,5% para empresas con patrimonios superiores a $10.000 millones con el fin de atender la emergencia económica, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, calificó la iniciativa como “la decisión apresurada y carente de sustento técnico del gobierno de elevar el impuesto al patrimonio”.
En ese sentido, Cabal sostuvo que “fijarle tarifas confiscatorias a los sectores minero y financiero es un despropósito” y advirtió que imponer una tasa del 0,5% al resto de empresas con patrimonios superiores a $10.400 millones es un torpedo a las condiciones para que las firmas sigan creciendo y generando empleo”. Además, enfatizó que el impuesto al patrimonio es una especie en vías de extinción en el mundo porque castiga la innovación y a los empresarios exitosos, reforzando su argumento de que la medida afectaría la competitividad.
Impacto en inversión y empleo
Según el dirigente gremial, la propuesta no solo incrementa la carga tributaria sobre sectores estratégicos, sino que también envía una señal negativa a la inversión. Por un lado, el gravamen de hasta 1,6% al sector minero-energético y financiero impactaría compañías con alta capacidad de generación de divisas y recaudo. Por otro, la extensión del 0,5% a empresas con patrimonios superiores a $10.000 millones ampliaría el universo de contribuyentes en un momento de desaceleración económica.
Adicionalmente, Cabal afirmó que existen dos agravantes: el primero, que el Gobierno ha demostrado ser un pésimo administrador y que los recursos muy probablemente se despilfarren; y segundo, que los ingresos adicionales vayan a parar a las maquinarias políticas que apoyan el Partido del presidente Gustavo Petro.
Incluso mencionó el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) como ejemplo de cuestionamientos en el manejo de recursos públicos.
Asobancaria defiende el Pacto por el Crédito y rechaza inversiones forzosas.