La Contraloría Distrital de Medellín, anunció su Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial 2026, que proyecta 69 auditorías, entre ellas 50 financieras de gestión y resultados y 17 de cumplimiento, como eje de su estrategia para fortalecer el control del gasto público en la ciudad. La contralora Paula Andrea Ortega, presentó el plan en una mesa de diálogo con periodistas de la ciudad, y dejó un mensaje contundente: acercar a la ciudadanía con el control público.
Por ello una de las principales apuestas de Ortega, será realizar auditorías articuladas con algunas veedurías ciudadanas. “Las auditorías articuladas son auditorías que hace de manera conjunta la Contraloría Distrital de Medellín, con los ciudadanos, queremos con ellas hacer trabajo conjunto, capacitarlos previamente en qué es el control fiscal”, afirmó. Con ello, la entidad busca aprovechar el conocimiento territorial de las veedurías ambientales y educativas para anticipar riesgos y elevar el impacto preventivo del control fiscal.
Balance 2025, casos pendientes y reto ciudadano
En cuanto al balance de 2025, la contralora aseguró que “en términos generales al Distrito le fue bien”, aunque reconoció asuntos pendientes que provienen de la administración liderada por el exalcalde Daniel Quintero. Entre ellos mencionó el caso de Computadores para el Futuro, incentivos deportivos y presuntos sobrecostos en contratos. “Esos serían quizás unos de los asuntos más importantes que tenemos para darle respuesta oportuna al ciudadano”, precisó. Además, recalcó la dimensión de estos procesos: “ Toda investigación que nosotros hagamos que implique pérdida de recursos públicos es muy grave”.
Por otra parte, la funcionaria fijó metas concretas: pretende que los procesos de responsabilidad fiscal se resuelvan en un plazo máximo de dos años, con respuestas más ágiles a la ciudadanía. Sin embargo, advirtió que uno de los principales retos es el pedagógico: “El 60% de las quejas y denuncias que nos llegan no son de nuestra competencia”. Según explicó, muchos ciudadanos no distinguen entre las funciones de la Procuraduría, la Personería, la Fiscalía y la Contraloría, lo que dispersa esfuerzos y retrasa decisiones.
Finalmente, la funcionaria defendió la efectividad del control fiscal más allá de las cifras de recuperación de recursos. “El impacto real del control fiscal se mide cuando los sujetos vigilados mejoran sus procesos y evitan daños patrimoniales”, afirmó.