Durante el 16° Congreso de Acceso a Servicios Financieros y Medios de Pago (CAMP 2026), Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, advirtió que algunas iniciativas regulatorias podrían frenar el avance de la inclusión crediticia y la digitalización financiera en Colombia. El pronunciamiento se realizó en medio de un contexto de fuerte crecimiento de las operaciones digitales, que pasaron de representar el 40% en 2010 a alcanzar el 83% en lo corrido de 2026, gracias a la expansión de aplicaciones bancarias que permiten pagar o recibir dinero en segundos, a cualquier hora y desde cualquier lugar.
Además, el dirigente gremial destacó que las alternativas de pago prácticamente se duplicaron en el mismo periodo. A los mecanismos tradicionales —como efectivo, cheque, tarjeta débito, débitos automáticos, tarjeta de crédito y PSE— se sumaron nuevas herramientas como llaves, QR interoperable, billeteras digitales, pagos sin contacto y finanzas embebidas. Este proceso ha impulsado la inclusión financiera, que hoy alcanza un acceso al crédito formal de 51%, mientras el sector se ha fijado como meta llegar al 75%, nivel que incluso superaría el promedio de países desarrollados como Suecia, Finlandia o Dinamarca, que ronda el 71%.
Medidas que frenan inclusión y encarecen el crédito
Sin embargo, Malagón advirtió que medidas como el borrón y cuenta nueva, los impuestos a la digitalización y las inversiones forzosas pueden afectar ese avance. En el caso del borrón crediticio, explicó que eliminar el historial debilita la cultura de pago y reduce la oferta de productos financieros adecuados. “Debilitar la información no consolida la inclusión; por el contrario, puede terminar alejando aún más a quienes se busca integrar”, afirmó, al señalar que esta política ha generado la desbancarización de 1,2 millones de personas.
De igual forma, el presidente de Asobancaria indicó que gravar los canales digitales —como ocurre con el impuesto del 4×1000— desincentiva el uso de medios electrónicos y promueve un mayor uso del efectivo. A esto se suma el riesgo de las inversiones forzosas, que podrían elevar las tasas de interés entre 50 y 100 puntos básicos. “Cien puntos básicos adicionales implican que, en un préstamo de vivienda VIS promedio, una persona podría pagar hasta 37 millones de pesos más solo en intereses”, explicó.
Pese a estos retos, el gremio planteó rutas para ampliar el acceso al crédito formal. Entre ellas destaca el uso de score alternativo, que incorpora información como hábitos de pago, patrones de compra o análisis de redes sociales para mejorar la evaluación del riesgo. Actualmente, el 37% de las entidades agremiadas ya utiliza este tipo de herramientas para ampliar el acceso al sistema financiero.
Finalmente, Malagón subrayó la expansión de la infraestructura bancaria en el país. Hoy existen 706.000 corresponsales bancarios en el 100% de los municipios, lo que ha facilitado la cobertura financiera. Además, el sistema identifica un potencial de rebancarización de más de 8 millones de personas; si al menos 4 millones regresaran al sistema, se avanzarían 12 de los 25 puntos porcentuales necesarios para alcanzar la meta de inclusión crediticia de 75% hacia 2030.
Asobancaria defiende el Pacto por el Crédito y rechaza inversiones forzosas