El presidente de Protección, Juan David Correa, se pronunció tras la expedición del Decreto 0415 de 2026, mediante el cual el Gobierno Nacional ordena trasladar cerca de $25 billones desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. De ese total, alrededor de $8 billones corresponderían a Protección, según confirmó el directivo.
En ese sentido, Correa aseguró que la medida no está alineada con el proyecto de reforma pensional en curso. “No podemos estar de acuerdo porque nuestro principal deber fiduciario es proteger los recursos de los colombianos”, afirmó, al advertir que la iniciativa ya había sido cuestionada por entidades como el Banco de la República y la Contraloría.
Además, el directivo explicó que el traslado de estos recursos tendría implicaciones directas sobre los afiliados. “Trasladar esos recursos no le conviene a los afiliados”, señaló, enfatizando que el objetivo de la administradora es preservar el ahorro y generar valor en el largo plazo.
Fondos piden claridad sobre el alcance del decreto
Por otro lado, Protección anunció que inició una solicitud formal de aclaración al Gobierno para entender el alcance del decreto. Según Correa, la compañía está analizando el contenido de la norma para definir cómo proceder dentro del marco legal.
Asimismo, el ejecutivo indicó que buscarán espacios de diálogo con el Ejecutivo. La intención es “entender e interpretar claramente lo que allí se define y poder actuar en consecuencia”, lo que sugiere que el sector aún evalúa los efectos regulatorios y operativos de la medida.
De igual forma, el presidente de Protección reiteró que la discusión debe centrarse en el bienestar de los afiliados. En lugar de enfocarse en el impacto sobre las administradoras, insistió en que la prioridad es el manejo responsable del ahorro pensional de los colombianos.
Debate se traslada al futuro del sistema pensional
Correa también planteó que el país necesita avanzar en una reforma estructural. “Buscamos una reforma pensional que tenga mayor cobertura, que sea sostenible y equitativa”, afirmó, al destacar la necesidad de construir consensos entre Gobierno y sector privado.
En consecuencia, el directivo expresó su expectativa de que las políticas públicas se definan de manera coordinada entre administraciones. Esto, en un momento en que el país se acerca a un nuevo ciclo político, podría influir en la estabilidad del sistema pensional.
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