Cerca de 10.000 familias con mujeres en condición de pobreza y con niñas y niños en edad escolar han mejorado sus condiciones de vida gracias al Programa Bienestar y Cuidado para la Niñez y las Familias, liderado por la Gobernación de Antioquia desde 2024. La estrategia se desarrolla en 21 municipios de las subregiones de Urabá, Bajo Cauca, Norte y Nordeste, donde se concentran algunos de los mayores niveles de pobreza, inseguridad alimentaria y vulneración de derechos de la niñez. Como resultado, el 47% de las familias que recibieron alguna oferta institucional logró superar al menos una de las necesidades identificadas, un avance que fortalece su bienestar y abre oportunidades para mejorar su calidad de vida.
Acceso a servicios para romper el ciclo de pobreza
El programa parte de un diagnóstico de cada hogar para identificar las principales dificultades relacionadas con generación de ingresos, acceso a educación, salud, seguridad alimentaria y fortalecimiento familiar. Posteriormente, un equipo interdisciplinario acompaña a las familias para facilitar su acceso efectivo a los servicios y programas del Estado. Este enfoque busca que las ayudas no sean aisladas, sino que permitan resolver necesidades prioritarias y generar capacidades para el largo plazo.
La gerente de la Unidad de Programas Sociales de Antioquia, Isabel Cristina Londoño, destacó el alcance de la iniciativa al afirmar que «Cuando una familia logra acceder a un servicio de salud, una ayuda técnica, un apoyo para mejorar su alimentación o un proceso de formación, no solo resuelve una necesidad puntual, empieza a construir mejores condiciones de vida. Ese es el propósito del Programa Bienestar y Cuidado para la Niñez y las Familias que lideramos desde el año 2024». Sus declaraciones reflejan que el objetivo va más allá de entregar ayudas, pues busca fortalecer la autonomía y las oportunidades de las familias.
Los servicios que recibieron las familias
Entre los principales resultados del programa se destacan 499 familias que accedieron a servicios de salud y nutrición, incluyendo consultas médicas especializadas y apoyos nutricionales; 561 familias atendidas por las autoridades competentes para la protección de sus derechos; 520 niñas, niños y adolescentes que retornaron al sistema educativo; 428 familias que participaron en procesos de formación para fortalecer sus capacidades y oportunidades de desarrollo; y 136 personas con discapacidad que obtuvieron la certificación de su condición, requisito indispensable para acceder a beneficios y programas estatales orientados a fortalecer su autonomía y calidad de vida.
Uno de los casos que refleja el impacto de esta estrategia es el de Lizeth Morales Monterrosa, residente de Caucasia y diagnosticada con parálisis cerebral. Gracias a la gestión del programa recibió una silla de ruedas que mejoró su movilidad, facilitó las labores de cuidado de su familia y le permitió desenvolverse con mayor autonomía. Como ella, miles de hogares han logrado acceder a servicios que antes estaban fuera de su alcance, fortaleciendo sus proyectos de vida y generando mejores condiciones para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.