Tras el anuncio del ministro de hacienda Germán Àvila, sobre la posible declaratoria de una emergencia económica para cubrir un faltante fiscal, la ANDI y Fenalco manifestaron su rechazo a la medida en Colombia, al considerar que no cumple los requisitos constitucionales y que existen mecanismos ordinarios para ajustar el gasto público.
La discusión surge en medio de un desfinanciamiento del Presupuesto General de la Nación estimado en $16,3 billones. Para Fenalco, la figura excepcional no es procedente. Su presidente, Jaime Alberto Cabal, afirmó que sería una pésima decisión”y que carece de sustento constitucional, al no existir hechos extraordinarios, imprevisibles y graves, que amenacen el orden económico o social. Además, señaló que el rechazo del Congreso a una reforma tributaria no constituye un hecho sobreviniente; y enfatizó que antes de exigir más recursos “el Gobierno debe demostrar resultados, austeridad y transparencia”.
Solicitud directa a la Corte Constitucional
En la misma línea, la ANDI solicitó formalmente a la Corte Constitucional suspender un eventual decreto. En carta enviada al alto tribunal, su presidente, Bruce Mac Master, sostuvo que los argumentos del Ministerio de Hacienda no cumplen el requisito constitucional y recordó que “la ley que rige el presupuesto dice que cuando una ley de financiamiento no es aprobada, el Gobierno debe aplazar el gasto o debe recortarlo”. También advirtió que decretar la emergencia, sería una medida altamente desleal con la sociedad colombiana”, al coincidir con la vacancia judicial.
Fenalco expresó su confianza en que, de expedirse el decreto, la Corte realizará un examen riguroso y ponderado y, de ser necesario, declarará su inexequibilidad con efectos retroactivos, una decisión que daría mayor previsibilidad a empresarios y ciudadanos frente a nuevas cargas económicas.
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