
El Tribunal Arbitral aprobó el acuerdo conciliatorio entre EPM y la Sociedad Hidroeléctrica Ituango (HI), con concepto favorable de la Procuraduría, una decisión que cierra un prolongado conflicto contractual y resulta clave para la estabilidad financiera de la empresa, la continuidad del proyecto Hidroituango y la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.
El acuerdo pone fin a los procesos arbitrales iniciados desde 2020 y evita la terminación anticipada del contrato BOOMT, un escenario que habría reducido las rentas de EPM por generación de energía. Según lo aprobado, se ajustará el contrato para garantizar a HI una remuneración periódica calculada bajo la metodología del modelo financiero vigente, incorporando criterios técnicos, jurídicos y económicos acordados por las partes. De esta manera, se reequilibra el contrato y se preserva el patrimonio público, al tiempo que se asegura la ejecución futura del proyecto en condiciones de previsibilidad.
Avance del proyecto y efecto energético
En paralelo, el acuerdo permite a EPM concentrarse en la culminación de la segunda etapa de Hidroituango. El gerente general de EPM, John Maya Salazar, afirmó que “el acuerdo alcanzado nos permitirá seguir concentrados en finalizar la segunda etapa del proyecto, que pondrá en operación cuatro unidades adicionales a las que ya están funcionando”, lo que reforzará la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional.
Actualmente, el proyecto registra un avance del 94,48 % y ya ha transferido $179.102 millones a 155 municipios, dos CAR y un parque nacional entre 2023 y 2025.
Dividendos y sostenibilidad territorial
Adicionalmente, la conciliación garantiza recursos vía dividendos para la Gobernación de Antioquia y EPM, accionistas de HI, así como para el IDEA y los minoritarios, destinados a proyectos sociales, ambientales y de infraestructura. Maya Salazar subrayó que el acuerdo “asegura a EPM su sostenibilidad financiera y garantiza la continuidad de las transferencias al Distrito de Medellín”, un factor determinante para la planeación fiscal local y regional. Este flujo de recursos se suma a inversiones históricas por $2,6 billones en los 16 municipios del área de influencia, fortaleciendo el desarrollo territorial y ambiental.
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