El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, radicó ante la Corte Constitucional una solicitud de medida cautelar para suspender de inmediato el decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional, una decisión clave porque el Ejecutivo adoptó una reforma tributaria sin pasar por el Congreso y con impactos directos sobre las finanzas territoriales y la seguridad jurídica.
El mandatario distrital argumentó que el decretazo- como lo denominó- es inconstitucional y rompe la separación de poderes, razón por la cual pidió su suspensión urgente mientras la Corte estudia el fondo del asunto. “Nadie está por encima del orden legal, mucho menos el presidente”, afirmó Gutiérrez, al insistir en que el uso de la emergencia económica para modificar impuestos evita el debate democrático. Además, explicó que el documento presentado tiene 48 páginas con argumentos jurídicos que, a su juicio, evidencian la ilegalidad del decretazo.
Fundamentos cuestionados de la emergencia
Por otro lado, la Alcaldía sostuvo que las razones invocadas por el Gobierno no cumplen el criterio de imprevisibilidad exigido por la Constitución. En particular, la supuesta crisis del sistema de salud por la Unidad de Pago por Capitación (UPC) corresponde a una obligación pendiente desde hace tres años, frente a la cual Medellín ya interpuso una acción popular. Asimismo, el decreto cita alteraciones del orden público, pese a que “no es acorde con los beneficios que desde la presidencia se otorgan a los grupos criminales”, y suma desastres naturales y pago de sentencias judiciales, eventos que no justifican una emergencia.
Impacto institucional y económico
Finalmente, Gutiérrez extendió un llamado a académicos, empresarios, gremios y autoridades locales para respaldar la solicitud, al advertir que mantener vigente el decretazo genera incertidumbre fiscal y afecta la planeación de municipios y empresas. “Pedimos que, en los próximos días, ojalá muy rápido, esa medida cautelar se haga efectiva”, señaló.
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