La Procuraduría General de la Nación ordenó la remoción inmediata de varios funcionarios tras detectarse una grave irregularidad en su sistema de consulta de antecedentes disciplinarios, que registró al exalcalde de Medellín Daniel Quintero con cédula “cancelada por muerte”.
El procurador general, Gregorio Eljach, ordenó abrir una investigación rigurosa para establecer cómo el sistema público de la entidad arrojó que la cédula de Daniel Quintero estaba “cancelada por muerte”, pese a tratarse de un exfuncionario vivo y activo en la esfera pública. Aunque aún se desconocen las causas del error, Eljach tomó una decisión administrativa inmediata: remover a los funcionarios que tenían bajo su responsabilidad el control del sistema de información, una medida que se ejecutó de forma inmediata para evitar nuevas fallas.
Impacto institucional y control interno
Posteriormente, el Procurador dio instrucciones para que se aclare plenamente lo ocurrido y se apliquen las sanciones a que haya lugar de conformidad con la ley, de manera severa, según indicaron fuentes oficiales. La investigación disciplinaria quedó en manos de la Veeduría de la Procuraduría, que deberá establecer si existió adulteración del certificado de antecedentes disciplinarios del exalcalde de Medellín o fallas estructurales en los protocolos de control. Este episodio pone en evidencia los riesgos operativos y reputacionales que enfrentan las entidades públicas cuando sus sistemas de información fallan, con posibles efectos sobre decisiones administrativas, electorales y judiciales.
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