La Cárcel para Sindicados que se construye en el corregimiento de San Cristóbal, en Medellín, registra un avance del 9 %, según verificó el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, durante una visita técnica al corregimiento. La obra, considerada una de las más relevantes en infraestructura carcelaria del país, busca reducir el hacinamiento crítico en estaciones de Policía y centros de detención transitoria, que a febrero de 2025 alcanza el 123 %. El proyecto fortalece la capacidad institucional del Distrito para garantizar orden, autoridad y respeto por los derechos humanos en la custodia de personas sindicadas.
Actualmente se ejecutan excavaciones, construcción de la vía de acceso, pilas estructurales, muros de contención y estructuras de pabellones. La inversión asciende a $675.000 millones bajo un esquema de asociación público-privada, con pagos entre 2027 y 2038. La infraestructura tendrá capacidad para 1.339 personas, distribuidas en seis pabellones, incluidos espacios para adultos mayores y personas con movilidad reducida, además de áreas de sanidad, jurídica y formación. “Para las personas que lleguen a este lugar, vamos a tener un sistema de reinserción social. Este es un modelo en el que hay orden, autoridad y respeto absoluto por los derechos humanos. Para nosotros siempre es claro decir que son 1.339 cupos para sindicados, ni uno más. Aquí no habrá hacinamiento”, afirmó Federico Gutiérrez Zuluaga.
Impacto en hacinamiento y empleo local
La presión sobre estaciones como Candelaria, diseñada para 75 personas y hoy con 304; Laureles, con capacidad para 30 y ocupación de 104; y Belén, para 20 y con 115 detenidos, evidencia la urgencia de la obra. En ese sentido, la nueva cárcel permitirá descongestionar estos espacios y cumplir estándares internacionales como las Reglas Mandela, garantizando condiciones dignas, acceso a salud y formación técnica. Además, el alcalde señaló: “La infraestructura tiene todo el tema de tecnología y es un modelo muy novedoso. Vamos muy bien en las obras y estamos cumpliendo, además, la sentencia de la Corte Suprema, que nos da la orden a los alcaldes de resolver el problema de sindicados en las ciudades”.
Por otra parte, el proyecto ya vincula a 297 trabajadores y proyecta alcanzar 500 empleos en 2026, superando metas de contratación local y femenina. Asimismo, contempla compensaciones ambientales por más de 15,75 hectáreas e inversión social concertada con la comunidad. Para inversionistas y ciudadanos, el avance físico y la estructuración del modelo operativo resultan claves, pues combinan ejecución presupuestal, impacto social y cumplimiento judicial.
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