La ANDI, hizo un llamado urgente al diálogo tras el anuncio de huelga del Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia (Sintraelecol) en la Electrificadora de Santander (ESSA), filial del Grupo EPM. La advertencia se conoció luego de que el sindicato confirmara el inicio del cese de actividades, en medio de la falta de acuerdo frente al pliego de peticiones presentado a la empresa.
De acuerdo con la ANDI, la interrupción del servicio impactaría a más de 958.344 usuarios en 102 municipios ubicados en seis departamentos. Además, pondría en riesgo 4.921 cuentas de manejo especial, entre ellas 517 establecimientos de salud, 71 usuarios electrodependientes, 3.492 instituciones educativas, 28 centros penitenciarios, 260 acueductos y seis aeropuertos. Por ello, el gremio advirtió que la suspensión del servicio tendría un efecto directo sobre la vida, la salud y la seguridad. Es imperativo recordar que el servicio de energía eléctrica es de carácter esencial, señaló, al citar el Artículo 4 de la Ley 142 de 1994 y el Artículo 5 de la Ley 143 de 1994.
Así mismo; la ANDI expresó preocupación por el impacto devastador que la interrupción del servicio tendría sobre el territorio” y pidió a las autoridades nacionales y departamentales aunar esfuerzos que permitan garantizar la continuidad en la prestación de este servicio público esencial. Además, instó a priorizar el diálogo institucional sobre medidas que generarían afectaciones a derechos fundamentales de la ciudadanía, así como daños irreversibles a la productividad y la seguridad social de la región.
ESSA mantiene operación mientras avanza la huelga
La huelga se originó en la falta de acuerdo entre Sintraelecol y ESSA frente al pliego de peticiones presentado por los trabajadores. Sin embargo, la empresa informó a sus grupos de interés que respeta plenamente los derechos constitucionales y el proceso que actualmente se adelanta, y aseguró que todos sus procesos y personal son indispensables para la adecuada prestación del servicio.
Asimismo, ESSA indicó que, en cumplimiento de la normatividad vigente que reconoce la energía eléctrica como servicio público esencial para la vida, la salud y la seguridad, continúa con las actividades necesarias para mantener la prestación del servicio. En consecuencia, el desafío central se concentra en equilibrar el derecho a la huelga con la garantía de un servicio esencial que sostiene la productividad regional y el funcionamiento de sectores críticos.