La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), emitió una alerta internacional junto con autoridades de protección de datos de 60 países ante el aumento de casos de uso indebido de inteligencia artificial para generar y divulgar imágenes íntimas no consentidas. El pronunciamiento se conoció tras hechos ocurridos a comienzos de 2026, cuando en una red social circularon masivamente imágenes manipuladas mediante IA, varias de ellas con contenido sexual no autorizado.
El caso reabrió el debate sobre privacidad, consentimiento y responsabilidad de las plataformas digitales. En consecuencia, las autoridades hicieron un llamado urgente para fortalecer las acciones regulatorias y las medidas de protección, frente a tecnologías que, aunque aportan beneficios, también pueden vulnerar derechos fundamentales.
Es así como la SIC lideró una iniciativa dentro del Grupo de Trabajo de Cooperación Internacional (IEWG) de la Asamblea Global de Privacidad (GPA), que derivó en un comunicado conjunto respaldado por múltiples autoridades del mundo. El documento enfatiza que los sistemas de IA generativa deben desarrollarse y utilizarse conforme a los marcos legales vigentes, incluidas las normas de protección de datos y privacidad.
Exigen controles, transparencia y eliminación rápida de contenido
Además, las autoridades firmantes, advirtieron que la generación de imágenes íntimas no consentidas puede constituir un delito en numerosas jurisdicciones. Por ello, fijaron expectativas claras para las organizaciones que desarrollan o usan IA generativa: implementar medidas sólidas para prevenir el uso indebido de información personal, garantizar transparencia sobre capacidades y salvaguardas, y proporcionar mecanismos eficaces para eliminar contenido dañino de forma rápida y accesible. También pidieron salvaguardas reforzadas para niñas y niños.
En Colombia, la SIC reafirmó su papel como autoridad nacional de protección de datos personales y reiteró la importancia de que las organizaciones adopten estándares altos de seguridad y cumplimiento normativo para proteger la privacidad, dignidad y seguridad de las personas.
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