La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 14 años a Juan Pablo Ramírez Álvarez, exsecretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de Medellín (2021–2022), por haber usado su cargo para promover intereses políticos del movimiento Independientes. Con esta decisión en primera instancia, el Ministerio Público golpea a uno de los hombres más cercanos al exalcalde Daniel Quintero y suma otra baja al núcleo duro del quinterismo.
El ente de control concluyó que Ramírez convocó el 8 de agosto de 2021 a una reunión institucional para presentar la corporación “El futuro se parece a nosotros”, lema político de Independientes. En esa cita, pidió a los funcionarios públicos presentes hacer aportes económicos entre $300 mil y $1 millón, justificados como membresía para unirse a dicha entidad. La Procuraduría comprobó que varios asistentes realizaron consignaciones tras el encuentro.
La investigación estableció que Ramírez aprovechó su posición de autoridad para presionar a sus subalternos, influir en su comportamiento y direccionar apoyo económico hacia una estructura política afín al entonces alcalde. Según la Procuraduría, esa conducta vulneró de forma grave los deberes del cargo, al utilizar recursos humanos de la administración pública para fines partidistas en plena vigencia del calendario electoral presidencial 2022–2026.
El organismo disciplinario enfatizó que Ramírez no tenía competencia para impulsar organizaciones particulares ni para promover contribuciones económicas desde el aparato estatal. Al ejercer presión sobre funcionarios para respaldar un proyecto político, quebrantó el principio de neutralidad institucional y cruzó la línea de la intervención indebida en política.
Después de conocer la sanción, Ramírez publicó en sus redes sociales: “En primera instancia he sido inhabilitado por la Procuraduría para ejercer cargos públicos. Mi defensa está preparando la apelación y confiamos en que me serán otorgadas las garantías jurídicas y políticas”. Mientras su defensa se alista, el caso reabre el debate sobre el uso del poder público con fines electorales en Medellín y profundiza las fracturas en el legado político de Daniel Quintero.
En relación a esta sanción, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez dijo, que no hay uno que se salve. «Van cayendo uno a uno, los que se robaron a Medellín. Sinvergüenzas. Y recuerden que son más de 650 hallazgos que le entregamos a los entes de control con pruebas y testigos. Ya van 40 imputados por la Fiscalía, incluyendo el jefe de la banda. Nosotros seguimos recuperando a Medellín y lo estamos llevando a otro nivel», puntualizó.
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