En el primer corte del año, la Agencia de Proyectos Especiales de la Gobernación de Antioquia, reportó 20 proyectos aprobados por 391 mil millones de pesos en sectores clave como vías, educación pública, primera infancia, saneamiento básico y gestión del riesgo.
Posteriormente, en el segundo corte bajo la modalidad de opción convenio, se sumaron seis nuevas iniciativas por más de 29 mil millones de pesos en programas de primera infancia, tecnologías de la información y pagos por servicios ambientales.
“El departamento de Antioquia ha venido siendo líder en el mecanismo de Obras por Impuestos. Este modelo permite que los contribuyentes destinen parte de su impuesto de renta en proyectos de impacto para las comunidades más necesitadas”, señaló José Leonidas Tobón Torreglosa, gerente de Proyectos Especiales de la Gobernación.
Empresas que apuestan por el desarrollo
Al listado de 64 compañías que ya venían vinculadas al programa, se sumaron cinco más este año. Entre las participantes destacan Empresas Públicas de Medellín (EPM), Grupo Argos, Ocensa, Grupo Nutresa, Suramericana, Mineros, Haceb, Corona, Isagen, Fiduciaria Bancolombia, Uniban, WPlay y New Stetic, entre otras.
Estas organizaciones tienen la posibilidad de pagar parte de su impuesto de renta ejecutando directamente proyectos que benefician a comunidades vulnerables. Para Marcela Barón, directora de Desarrollo y Equidad Territorial de Proantioquia, el impacto del mecanismo radica en su capacidad de unir esfuerzos públicos y privados:
“Obras por Impuestos permite llegar de forma más rápida y eficiente a las poblaciones históricamente afectadas por la violencia, con proyectos que generan desarrollo y oportunidades”.
Con los recursos gestionados, los proyectos buscan no solo reducir brechas sociales, sino también consolidar confianza en las instituciones y fortalecer la presencia del Estado en zonas priorizadas por la política de paz con legalidad.
La Gobernación resalta que Antioquia seguirá promoviendo la participación empresarial en OXI como herramienta estratégica para financiar obras de alto impacto social, contribuyendo al desarrollo regional con un modelo en el que todos ganan: el Estado, las empresas y, sobre todo, las comunidades.
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