Estados Unidos autorizó nuevas transacciones con bancos estatales de Venezuela mediante licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), lo que habilita operaciones financieras específicas con entidades como el Banco Central de Venezuela y otras instituciones. La medida, anunciada por el Departamento del Tesoro, permite servicios como transferencias, remesas y banca corresponsal, aunque mantiene restricciones clave dentro del régimen de sanciones.
La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, afirmó: “Estados Unidos autoriza transacciones con bancos venezolanos bajo nuevas licencias del Tesoro. Un paso importante y una apertura de oportunidad para Colombia”. Según explicó, no se trata de un levantamiento total de sanciones, sino de una “apertura parcial y controlada” que habilita operaciones específicas bajo supervisión.
Además, la Licencia 57 autoriza servicios financieros con el Banco Central de Venezuela, Banco de Venezuela, Banco del Tesoro y Banco Digital de los Trabajadores, sin desbloquear activos ni eliminar otras restricciones. Esto implica que el sistema financiero venezolano puede retomar operaciones básicas como transferencias electrónicas, pagos internacionales y operaciones en divisas, reduciendo fricciones en transacciones internacionales.
Ventana estratégica, no normalización plena
Para Colombia, el principal efecto es la reactivación de canales de pago formales entre ambos países. De acuerdo con Lacouture, la medida “abre espacio para reactivar canales de pago entre países y enviar remesas de forma más fácil y legal”, además de facilitar el financiamiento del comercio bilateral. En la práctica, esto reduce costos transaccionales y riesgos operativos para empresas que exportan o importan bienes entre ambos mercados.
Asimismo, la flexibilización permite avanzar en negociaciones comerciales y mejorar condiciones para la inversión, dado que introduce mayor claridad jurídica en las operaciones financieras. También podría dinamizar la economía venezolana, lo que ampliaría la demanda por productos colombianos, en especial en sectores como alimentos, manufacturas y servicios.
Sin embargo, el alcance sigue siendo limitado. La medida mantiene controles estrictos y excluye operaciones con actores sancionados o países restringidos, lo que implica que las empresas deben cumplir con condiciones regulatorias exigentes. En ese sentido, AmCham advierte que “no es normalización plena. Es una ventana estratégica”, lo que obliga a las compañías a evaluar riesgos de cumplimiento antes de ampliar operaciones.