Los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado; hicieron un balance de los últimos cuatro años y coincidieron en destacar la fortaleza de la institucionalidad judicial frente a las tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. El mensaje tuvo además una lectura económica: para las altas cortes, la independencia de los jueces, el respeto por las reglas y el equilibrio entre poderes son condiciones para proteger derechos, generar confianza y garantizar la inversión y el desarrollo.
El pronunciamiento se produjo durante el Congreso Empresarial Colombiano de la ANDI, donde participaron Paola Andrea Meneses, presidenta de la Corte Constitucional; Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Alberto Montaña Plata, presidente del Consejo de Estado. Ante los empresarios, Meneses sostuvo que los últimos cuatro años dejaron una institucionalidad “lo suficientemente sólida” para garantizar el funcionamiento del Estado Social y Democrático de Derecho, pese a los desafíos y tensiones políticas.
Las tensiones entre poderes marcaron el balance
Meneses, señaló que las diferencias entre Ejecutivo y Judicial no necesariamente representan una democracia debilitada. “Estas tensiones no necesariamente muestran una democracia enferma, sino una democracia viva”, afirmó. Agregó que las decisiones de la Corte Constitucional, tanto sobre inexequibilidad como sobre constitucionalidad, se adoptaron bajo criterios jurídicos y no por consideraciones políticas: “La Corte Constitucional en estos cuatro años, no decide o no falla conforme a un entorno político o a encuestas, sino que lo hace siempre en el marco de la Constitución”, enfatizó.
Desde la Corte Suprema, Lenis destacó que la justicia mantuvo el compromiso con la separación de poderes, los derechos y las libertades, aunque reconoció que no existió un diálogo institucional armónico entre las ramas. Para el magistrado, una de las principales lecciones es que la democracia “no depende de la voluntad de unas mayorías o de los resultados electorales, sino de la vigencia de unas reglas comunes de convivencia”. También enfatizó que la independencia judicial no constituye un privilegio de los jueces, sino una garantía a la ciudadanía misma para que sus derechos y sus libertades puedan ser defendidos.
Consejo de Estado cuestionó presiones sobre jueces
Montaña Plata, fue más directo al describir los desafíos enfrentados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Señaló que no considera normal que decisiones judiciales generen acusaciones de golpes de Estado o señalamientos sobre supuestos intereses particulares detrás de los fallos. “Eso no es normal, eso no es sano que haya pasado”, afirmó.
Sin embargo, destacó que la respuesta institucional permitió mantener decisiones orientadas por la Constitución y la ley. Explicó además que la jurisdicción contencioso-administrativa existe precisamente para controlar el ejercicio del poder público. “Cuando se hace más evidente lo que nosotros hacemos, es porque hay un ejercicio desbordado del poder público y por eso la jurisdicción de lo contencioso administrativo debe aparecer”, dijo.
Independencia judicial enfrenta nuevos desafíos
La presidente de la Corte Constitucional, advirtió que los próximos años traerán retos relacionados con la autonomía de los jueces en los territorios, su seguridad personal, las presiones de grupos ilícitos, la estabilidad laboral y el cumplimiento de las decisiones judiciales. También mencionó el desafío de equilibrar la protección de derechos fundamentales con la sostenibilidad fiscal.
A esto sumó amenazas menos visibles, como el “populismo constitucional”, la “posverdad judicial”, la deslegitimación de los jueces mediante el argumento del mandato popular, el desgaste reputacional en redes sociales y los desafíos que plantea la inteligencia artificial frente al debido proceso y los sesgos automatizados.
En el cierre, la presidenta de la Corte Constitucional llevó el mensaje al terreno económico y social. “La justicia será el puerto seguro en Colombia, independientemente de las circunstancias y de los gobiernos que pasen”, afirmó. Para Meneses, mantener una institucionalidad independiente resulta determinante para que empresarios y ciudadanos puedan confiar en que las reglas de juego se mantienen más allá del gobierno de turno.