La Alcaldía de Medellín, radicó ante el Concejo el proyecto de acuerdo que busca fortalecer la transición de la ciudad como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante una actualización de su estructura administrativa. La iniciativa pretende adecuar la organización del Distrito a las nuevas competencias y responsabilidades asignadas por la Constitución y la ley, al tiempo que busca modernizar la gestión pública y mantener la continuidad de los servicios a la ciudadanía.
Una reforma construida durante más de un año
La propuesta responde al proceso de transición establecido tras la transformación de Medellín en Distrito Especial. De acuerdo con la Administración Distrital, el proyecto cumple con el mandato definido por el Acto Legislativo 01 de 2021 y la Ley 2286 de 2023, normas que establecieron el camino para consolidar el nuevo modelo institucional de la ciudad. Además, la iniciativa se sustenta en un estudio técnico elaborado bajo la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública, con el que se evaluó la organización actual y se determinaron las capacidades necesarias para asumir las nuevas funciones.
Cristina Nicholls Villa, secretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, explicó que la propuesta es resultado de un proceso de construcción con las diferentes áreas de la Administración. “Es más de un año de trabajo conjunto con cada una de las áreas y dependencias explorando y definiendo cuál es la estructura que necesitamos para responder a las nuevas necesidades del territorio y la ciudad”, señaló.
Según la funcionaria, el documento responde a cuatro necesidades: asumir las competencias derivadas del paso de Municipio a Distrito; fortalecer la seguridad ciudadana mediante la construcción de la cárcel metropolitana y el C5D; avanzar en las necesidades asociadas al Plan de Ordenamiento Territorial; y preparar a la Administración para los nuevos desafíos del territorio.
Cambios con enfoque en eficiencia y recursos públicos
El proyecto parte de la estructura administrativa existente y plantea optimizarla mediante la actualización de funciones, la eliminación de duplicidades, la redistribución de competencias y el fortalecimiento de capacidades consideradas indispensables por los estudios técnicos. A la vez, la propuesta establece que estos cambios deberán desarrollarse bajo criterios de sostenibilidad fiscal y mediante una implementación gradual, con el propósito de garantizar la continuidad de los servicios y el uso responsable de los recursos públicos.
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