El gobernador de Antioquia, Andrés Julián, presentó al Gobierno Nacional tres propuestas para reducir el gasto público, reorganizar las competencias entre la Nación y los territorios y revisar la financiación de los Equipos Básicos de Salud. Según las estimaciones del mandatario, las medidas permitirían generar ahorros cercanos a $26 billones anuales.
La iniciativa, presentada oficialmente mediante un documento y expuesta al presidente Abelardo De La Espriella, busca contribuir al ajuste fiscal del país, en momentos en que el déficit del Gobierno Nacional podría cerrar entre 7% y 8% del PIB. «De los 48 billones de pesos que ha dicho el Gobierno Nacional necesita ajustar, nosotros hemos encontrado más o menos unos 26 billones de pesos que se pueden reducir vía gasto público y eso fue lo que le presenté al Presidente», señaló el gobernador.
Tres propuestas para reducir el gasto del Estado
La primera medida plantea pasar de 18 a siete ministerios, mediante la integración de entidades y sectores que actualmente funcionan por separado. La propuesta contempla conservar los ministerios del Interior y Justicia, Relaciones Exteriores y Defensa, mientras que Hacienda incorporaría Planeación Nacional; Desarrollo Económico reuniría Comercio, Industria, Turismo, Agricultura, Ciencia, Minas y Energía; Desarrollo Social integraría Salud, Educación, Cultura, Deporte, Trabajo y el DPS; y Desarrollo Territorial agruparía Ambiente, Transporte, Vivienda y TIC.
A esta reorganización se sumarían la eliminación de oficinas de apoyo redundantes, estructuras administrativas innecesarias y recortes en gastos de funcionamiento, viajes y eventos presenciales. El ahorro estimado sería de $4,5 billones anuales. Como antecedente, Andrés Julián recordó que Antioquia ya consiguió reducir sus gastos y ahorrar $235.000 millones, recursos que, según explicó, se destinaron a atender a la población más vulnerable.
La segunda propuesta, que representa el mayor ahorro estimado, busca redefinir las funciones de la Nación, los departamentos y los municipios para eliminar competencias duplicadas, autorizaciones innecesarias e inversiones que se repiten entre distintos niveles de gobierno. Esta reorganización podría liberar cerca de $18 billones anuales.
El argumento central es que el centralismo retrasa proyectos y limita la capacidad de decisión de las regiones. Como ejemplos, el gobernador mencionó las autorizaciones nacionales para el llenado de Hidroituango, el uso de recursos municipales del Plan Departamental de Agua, el aprovechamiento de la vía férrea para el Ferrocarril de Antioquia, la construcción de placa huellas y la operación de colegios por concesión. «Que los departamentos se queden con los bienes públicos de vocación regional por excelencia: la salud, la educación, y el desarrollo económico. Y que los municipios se queden con las vías locales, con los servicios públicos y con la vivienda», explicó. La intención es que cada territorio tenga mayor capacidad para administrar sus recursos, priorizar inversiones y ejecutar proyectos sin depender de trámites nacionales que no sean indispensables.
Revisar la financiación de los Equipos Básicos de Salud
La tercera medida propone suspender la financiación de los Equipos Básicos de Salud impulsados por el Gobierno anterior, al considerar que en numerosos territorios no han cumplido los objetivos previstos. La secretaria de Salud de Antioquia, Alma Solano Sánchez, planteó que esos recursos podrían destinarse a fortalecer la financiación general del sistema sanitario.
De acuerdo con las cifras presentadas por el gobernador, el programa representa un costo de $3,5 billones anuales, monto que podría convertirse en ahorro si se elimina esa financiación.
Tras la presentación oficial del documento el mandatario de los antioqueños, sostuvo que la propuesta busca responder a la necesidad de ajuste fiscal, pero también avanzar hacia una mayor autonomía territorial. Para los departamentos y municipios, el cambio significaría tener más capacidad de decisión sobre sus competencias, recursos y proyectos. No obstante, los ahorros corresponden a estimaciones de la propuesta y dependerán de su evaluación, aprobación e implementación por parte del Gobierno Nacional.
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