Limitar inversión externa reduciría pensiones, dice Asofondos

Decreto 0369 reduciría rentabilidad pensional, advierte Asofondos
Asofondos alerta impacto en pensiones por nuevo decreto.

Asofondos advirtió que el Decreto 0369, expedido recientemente por el Gobierno Nacional, pondría en riesgo el ahorro de los afiliados al sistema pensional en Colombia, al limitar la inversión en activos del exterior y afectar el modelo de multifondos creado en 2009. Según el gremio, esta medida rompe el principio de diversificación, clave para equilibrar el riesgo y la rentabilidad de los portafolios, lo que impactaría directamente las futuras pensiones de los trabajadores.

El gremio reiteró que restringir la inversión internacional reduciría las rentabilidades y, en consecuencia, las prestaciones. Esto implicaría que a los afiliados les resultará más difícil acumular el capital necesario para acceder a una pensión, y quienes lo logren recibirían mesadas más bajas. “Limitar las inversiones en el exterior va en contravía del deber fiduciario, priorizando el crecimiento de su ahorro en el largo plazo”, afirmó Andrés Velasco, presidente de Asofondos, al señalar que las administradoras están obligadas a maximizar el beneficio de los afiliados.

Acciones legales y debate estructural

Además, Asofondos sostuvo que el decreto parte de un diagnóstico equivocado, al asumir que las AFP no invierten lo suficiente en el país, cuando en realidad existen limitaciones por la falta de proyectos rentables y seguros. “Las limitaciones actuales responden a la escasez de proyectos estructurados adecuadamente y a las altas tasas de interés que el Gobierno paga”, explicó Velasco. A esto se suma que la Contraloría ha advertido que reducir la diversificación podría traducirse en menores rendimientos y mayores presiones fiscales en el sistema pensional.

Frente a este escenario, las administradoras anunciaron que analizarán acciones judiciales para proteger el ahorro de los afiliados y evaluar posibles conflictos con la Ley 100 y otras normas vigentes. Aunque deberán presentar un plan de ajuste en seis meses ante la Superintendencia Financiera, el sector también solicitará claridad regulatoria.

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