El hurto de cables y el vandalismo contra la infraestructura eléctrica de EPM mantienen en riesgo la continuidad del servicio de energía para miles de hogares, comercios e industrias de Antioquia y el Valle de Aburrá. La empresa alertó que solo en lo corrido de 2026 los daños ocasionados a la red subterránea ya ascienden a cerca de $25.000 millones, una situación que obliga a destinar recursos extraordinarios para reparar la infraestructura, recursos que podrían invertirse en ampliar y modernizar el sistema.
Ataques afectan el servicio y elevan los costos
Los principales casos se concentran en el Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño, además de Medellín, Bello, Caldas, La Estrella y Envigado. Según EPM, los ataques tienen como principal motivación la comercialización ilegal de cobre extraído de la infraestructura eléctrica. Entre 2024 y 2025, la empresa destinó más de $7.200 millones para reparar y reponer los daños ocasionados por estos delitos. Además, más de 763.000 clientes han sufrido interrupciones del servicio, con una duración promedio de 24,6 horas por evento. A ello se suman afectaciones a transformadores, luminarias, medidores, acometidas, sistemas de protección y redes subterráneas, incluso por actos de vandalismo como el vertimiento de aceites, solventes y pinturas que deterioran los equipos.
Un problema que termina afectando a todos
EPM advirtió que el impacto económico trasciende la reposición de cables. Cuando las redes de media tensión y las subestaciones resultan afectadas de manera simultánea, aumenta el riesgo de interrupciones masivas que comprometen las actividades de hogares, comercios e industrias, con efectos sobre la productividad y los ingresos de las empresas. Jorge Cerezo Restrepo, gerente de Transmisión y Distribución Energía de EPM, señaló que «Estas acciones no solo afectan la sostenibilidad y la confiabilidad del sistema eléctrico, sino que obligan a realizar inversiones extraordinarias para reparar la infraestructura dañada, recursos que podrían destinarse a su modernización, expansión y al desarrollo de las comunidades». Además, explicó que estas inversiones son reconocidas dentro de la regulación de la CREG, por lo que terminan reflejándose en mayores costos para los usuarios. En ese sentido, enfatizó que «Cuando se atenta contra la infraestructura de servicios públicos, las consecuencias las asumimos todos».
Frente a esta situación, EPM reforzó el monitoreo permanente de la infraestructura, instaló barreras físicas, rediseñó tapas de seguridad e implementó sistemas de alarma y controles de acceso en instalaciones críticas. Paralelamente, trabaja con las autoridades para identificar y judicializar a los responsables. De acuerdo con los artículos 240, 241 y 265 del Código Penal Colombiano, quienes participen en estos delitos podrían enfrentar penas de hasta 21 años de prisión.
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