La Contraloría Distrital de Medellín, estableció un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por $739.562 millones en la adquisición de CaribeMar (Afinia) por parte de EPM. El organismo de control atribuye el posible impacto patrimonial a la decisión de cerrar la compra en septiembre de 2020- en la administración de Daniel Quintero- pese a que, según su auditoría, la empresa tenía herramientas contractuales para abstenerse de concretarla sin asumir costos ni penalizaciones. La cuantía corresponde a recursos que EPM habría dejado de recibir por dividendos comprometidos para 2024 y 2025.
La investigación se concentra en las decisiones adoptadas en septiembre de 2020, cuando la Junta Directiva de EPM aprobó el Acta No. 1695 y autorizó la suscripción del Otrosí No. 5 al contrato de compraventa de acciones firmado el 30 de marzo de ese año. Según la Contraloría, el contrato establecía que un incumplimiento en el indicador de recaudo, cuya referencia era de 81,33%, podía constituir un Efecto Material Adverso (EMA) y facultar a EPM para desistir de la operación.
Sin embargo, mediante el otrosí, la empresa renunció expresamente a ese mecanismo de protección y asumió la obligación de culminar la adquisición, que se cerró el 30 de septiembre de 2020. Para el organismo de control, la decisión se tomó pese a las alertas financieras y operativas existentes: la pandemia del covid-19, las presiones económicas derivadas de Hidroituango, los antecedentes de intervención estatal sobre el activo y los riesgos del mercado energético de la región Caribe.
Los dividendos que sustentan el hallazgo fiscal
La Contraloría cuantificó el posible impacto patrimonial en $739.562 millones, representados en dividendos que, según el caso de negocio, el vendedor se había comprometido a garantizar a EPM por las vigencias 2024 y 2025. De ese total, $509.238 millones corresponden a 2024 y $230.324 millones a 2025. El organismo considera que estos recursos dejaron de ingresar a EPM como consecuencia de la destrucción de valor asociada a una gestión fiscal que califica como antieconómica e ineficiente.
Es importante precisar que se trata de un hallazgo con presunta incidencia fiscal, no de una responsabilidad patrimonial individual ya declarada ni de una condena. Por tanto, el traslado a la Oficina de Responsabilidad Fiscal permitirá adelantar las actuaciones correspondientes para determinar si existió un daño al patrimonio público y quiénes tendrían que responder. La discusión tiene implicaciones para las finanzas de EPM y, en consecuencia, para el patrimonio público de Medellín, pues pone bajo examen una decisión de inversión que comprometió recursos de una empresa de propiedad pública.
Federico Gutiérrez calificó la compra como la peor decisión de EPM
Tras conocerse el hallazgo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionó duramente la adquisición y afirmó: “La compra de Afinia fue la peor decisión que se ha tomado en la historia de EPM”. El mandatario también aseguró que su administración había advertido sobre presuntas irregularidades y señaló que la Alcaldía denunció ante la Fiscalía el testimonio de una persona que habría afirmado que la gerencia de Afinia se vendió por entre US$5 millones y US$8 millones para controlar la contratación de la empresa.
El mandatario agregó que los implicados deberán responder con su patrimonio y sostuvo que su administración continuará las acciones para recuperar los recursos.
Afinia y el riesgo para las transferencias de EPM a Medellín