El Concejo de Medellín, aprobó en segundo debate la revisión y el ajuste de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), una decisión que actualiza las reglas para ocupar, construir y desarrollar actividades económicas en la ciudad. Entre los principales cambios y asuntos abordados están la regulación del ruido, la definición de las mixturas de usos del suelo, la habilitación de nuevos mecanismos para desarrollar vivienda y la organización de las zonas de entretenimiento nocturno y vivienda turística. La actualización busca responder a problemas relacionados con el costo de la vivienda, la convivencia entre residentes y comerciantes y el crecimiento urbano. Además, incorpora disposiciones sobre protección ambiental, ruralidad y aprovechamiento de edificaciones.
El coordinador de ponentes, Andrés Tobón, destacó la participación ciudadana y las modificaciones introducidas durante el trámite. Resaltó el Cabildo Abierto con más de 500 aportes ciudadanos, 115 intervenciones presenciales y 14 sesiones de discusión, que permitieron modificar el 78 % del articulado. Sin embargo, el principal desafío identificado fue la vivienda. «Medellín está muy cara», resumió Tobón al referirse a una de las preocupaciones expresadas por los ciudadanos. El concejal señaló que la ciudad tiene un déficit habitacional de 38.000 viviendas, mientras el mercado demanda cerca de 40.000 unidades y actualmente solo puede proveer 15.000.
Para enfrentar esta situación, el POT contempla mecanismos de revitalización, reactivación y desarrollo urbano, además de intervenciones en barrios de ladera y alternativas de reasentamiento. Tobón también explicó que la vivienda turística no se eliminará, pero tendrá restricciones según la mixtura: no podrá desarrollarse en zonas de baja mixtura y se permitirá en determinadas condiciones en sectores de media y alta mixtura.
Entre las propuestas de los demás concejales ponentes, Andrés Rodríguez planteó seis alternativas para ampliar la construcción de vivienda, entre ellas permitir más desarrollos en El Poblado y revisar las condiciones de altura de las edificaciones. José Luis Marín presentó el plan Piso a Piso, que permitiría que 19.680 casas de barrio crezcan hasta dos pisos sin demoler ni expulsar a sus habitantes. Por su parte, Santiago Narváez destacó tres mecanismos de intervención urbana: 49 polígonos con potencial de 83.500 viviendas, 33 polígonos de mejoramiento integral con 1.180 hectáreas y 17 polígonos para reutilizar edificaciones en la centralidad de Medellín, con impacto en 1.009 unidades adicionales.
A su vez, Farley Macías resaltó la necesidad de reconocer las particularidades de las comunas y corregimientos; Miguel Ángel Iguarán defendió la incorporación de 71 aportes relacionados con la infancia; y Janeth Hurtado pidió garantizar la permanencia de los campesinos y un modelo diferenciado para la ruralidad. También hubo llamados a proteger el Páramo de Las Baldías, controlar el ruido de los establecimientos comerciales y armonizar las actividades económicas con la convivencia de los residentes.
119 enmiendas y 154 solicitudes durante el trámite
La directora de Planeación Distrital, Luz Ángela González, explicó el alcance de los ajustes incorporados al documento. «Se radicaron 119 enmiendas con 154 solicitudes, 1 de cada cuatro se acogen», indicó. Agregó que el Sistema de Ocupación concentró el mayor número de observaciones, pues el 44 % de las enmiendas estuvo relacionado con este componente. Según precisó, varias solicitudes no fueron aceptadas porque correspondían a asuntos que deben desarrollarse mediante reglamentaciones específicas. Por su parte, la Administración señaló que el acuerdo reconoce las actividades económicas que ya cumplen las disposiciones normativas, sin modificar las condiciones de funcionamiento de las actividades establecidas. En síntesis, la aprobación del ajuste del POT actualiza las reglas para construir, habitar y desarrollar actividades económicas en Medellín; ahora, uno de los principales retos será convertir las disposiciones aprobadas en proyectos ejecutables que permitan ampliar la oferta de vivienda, mejorar la convivencia y proteger tanto la actividad comercial como el territorio.
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