El Comité Interinstitucional de Flora y Fauna de Antioquia (CIFFA) activó, en la antesala de la Semana Santa en Antioquia, la campaña “Compasión por la Vida Silvestre”, una estrategia enfocada en prevenir el tráfico ilegal de especies en una de las temporadas de mayor presión sobre la biodiversidad. Desde días previos a la Semana Mayor, las autoridades desplegaron acciones en subregiones del departamento, incluyendo controles en terminales, aeropuertos, vías y zonas turísticas, además de jornadas pedagógicas en instituciones educativas y espacios públicos.
En ese sentido, la estrategia integra a la Gobernación de Antioquia, autoridades ambientales como Cornare, Corantioquia, Corpourabá y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, junto con la Policía y la Fiscalía. El plan contempla decenas de operativos, más de 20 puestos de control en corredores estratégicos y más de 40 jornadas de sensibilización ciudadana, así como intervenciones en plazas de mercado, parroquias y puntos de alta afluencia.
Asimismo, el despliegue incluye medidas como la entrega de material vegetal sostenible para el Domingo de Ramos y el refuerzo de vigilancia en zonas históricamente asociadas a la comercialización ilegal de fauna y flora, lo que busca reducir la presión sobre especies silvestres durante esta temporada.
Cifras y sanciones elevan alerta
De acuerdo con la directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Paula Palacio, el impacto del tráfico ilegal es significativo. “Nosotros hemos recibido en el CARV de la entidad 30.000 animales de fauna silvestre en 48 meses. De los cuales, cerca de 5.000 corresponden a tráfico ilegal”, señaló, advirtiendo que es una cifra bastante alta, que evidencia la necesidad de fortalecer la concientización ciudadana y el trabajo institucional.
En línea con lo anterior, las autoridades reiteraron el llamado a no cazar, comprar ni comercializar fauna silvestre, especialmente especies como tortugas, iguanas, aves y primates, que concentran gran parte de la afectación. Además, insistieron en evitar prácticas como el uso de palma de cera en celebraciones religiosas, dado su impacto ambiental.
Finalmente, el CIFFA subrayó que estas conductas constituyen un delito ambiental que puede acarrear penas entre cinco y once años de prisión, así como multas de hasta 40.000 salarios mínimos.
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