El uso fraudulento de los mecanismos de insolvencia en Colombia, aumentó de forma significativa en los últimos dos años, según advirtió Asobancaria, que alertó sobre la operación de un denominado “cartel de la insolvencia” que estaría facilitando la evasión de obligaciones financieras mediante engaños y maniobras irregulares.
En efecto, la figura de insolvencia —concebida legalmente como una herramienta para que personas con dificultades reales renegocien sus deudas— estaría siendo utilizada de forma indebida por redes organizadas. Estas incluirían abogados asesores y centros de conciliación que, según el gremio, promueven procesos con inconsistencias, incluso mediante la creación de deudas ficticias para cumplir requisitos legales. Aunque no se precisan cifras exactas del aumento , el fenómeno preocupa por su impacto creciente.
¿Qué es el cartel de la insolvencia y cómo opera?
Se trata de una estructura ilegal que aprovecha los vacíos o debilidades del sistema de insolvencia. Funciona mediante asesorías engañosas que inducen a personas a declararse en insolvencia sin estar en crisis real. Para lograrlo, se simulan deudas, se utilizan prestanombres como falsos acreedores y se tramitan procesos ante centros de conciliación con posibles irregularidades. El objetivo final es evitar el pago de obligaciones, afectando a bancos, empresas y otros acreedores legítimos.
Además, Asobancaria identificó patrones repetitivos: los mismos abogados acuden a determinados centros de conciliación, mientras supuestos acreedores —denominados “quiroamigos”— aparecen en múltiples procesos, incluso algunos con antecedentes judiciales. “Se han detectado situaciones recurrentes que nos permiten advertir sobre una estructura criminal, un cartel de la insolvencia, lo que genera consecuencias como pérdida de confianza, reporte a centrales de riesgo y barreras de acceso al crédito”, señaló Jonathan Malagón, presidente del gremio.
Riesgos legales y distorsión del crédito
Por otra parte, expertos advierten consecuencias penales. El abogado Iván Cancino explicó que quienes participen en estas prácticas incurren en conductas punibles, como concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento, lo que podría derivar en penas de cárcel.
Así mismo; Diana Talero, del Instituto Colombiano de Derecho Concursal, enfatizó que la insolvencia fue creada para deudores en crisis, no para evadir obligaciones.
Llamado a control y uso responsable
En consecuencia, el impacto económico va más allá de los casos individuales. El uso indebido de la insolvencia deteriora la confianza en los deudores, eleva las exigencias del sistema financiero y, en última instancia, encarece el crédito para hogares y empresas. Frente a este escenario, Asobancaria hizo un llamado a las autoridades para fortalecer los controles y a los ciudadanos para utilizar responsablemente esta herramienta, advirtiendo que las sanciones incluyen multas, pérdida de beneficios legales y penas privativas de la libertad.
Asobancaria prevé expansión de cartera pese a menor dinamismo