EPM consolidó una estrategia de largo plazo, con una proyección superior a 50 años, para garantizar la seguridad hídrica en el Valle de Aburrá. Según Jorge Wilman Ramírez Tirado, subgerente de Operación y Mantenimiento de Acueducto de la empresa, esta se basa en ocho pilares: análisis permanente de variables climáticas, del entorno y la demanda; eficiencia y productividad en el uso de los recursos; innovación y transformación digital; gobernanza del agua; gestión ambiental para la protección de ecosistemas; gestión social con comunidades; relacionamiento interinstitucional; y gestión integral de riesgos para asegurar la continuidad del servicio.
En ese sentido, Ramírez explicó que el modelo se fundamenta en la proyección de la demanda y el comportamiento del entorno, lo que permite anticipar inversiones en infraestructura. Además, incorpora la transformación digital para optimizar la producción de agua potable y fortalecer la continuidad del servicio.
De igual forma, la estrategia incluye gestión social con comunidades cercanas a las fuentes hídricas y articulación con entidades públicas, privadas y la academia. Según la entidad, este enfoque integral permite anticipar riesgos y responder a cambios en las condiciones climáticas y territoriales.
IRCA bajo control, pero con señales de alerta
El Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA), que según la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico mide el riesgo de enfermedades asociadas al incumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua, y constituye el principal indicador del sistema, se mantiene en niveles óptimos. En 2025 registró 0,78%, muy por debajo del límite del 5%, lo que confirma un alto estándar en la calidad del agua suministrada.
Sin embargo, el funcionario advirtió que el indicador ha mostrado un leve aumento en los últimos años debido a factores asociados a la actividad humana. “La calidad del agua hoy está garantizada, pero el futuro depende del comportamiento de la sociedad sobre el territorio”, señala la entidad.
En particular, prácticas como la deforestación, el uso de pesticidas, la pavimentación y la mala disposición de residuos están acelerando la escorrentía y afectando las cuencas, lo que incrementa la carga contaminante y exige procesos de tratamiento más complejos.
Presión urbana impacta fuentes estratégicas
Uno de los casos más representativos – según EPM-es el embalse de La Fe, que ha pasado de ser un entorno rural a un área con alta urbanización en las últimas dos décadas.
Este cambio ha elevado la presencia de materia orgánica, nitrógeno, fósforo y contaminantes emergentes, obligando a fortalecer los procesos de potabilización para mantener los estándares de calidad.
A pesar de estos retos, el sistema interconectado —alimentado por los embalses Río Grande II, La Fe y Piedras Blancas— abastece al 92% de la población, mientras el 8% restante depende de 33 fuentes menores, lo que evidencia la alta cobertura, pero también la necesidad de proteger las cuencas.
Modernización y $13 billones en inversiones
Actualmente, el sistema cuenta con 13 plantas de tratamiento asociadas a fuentes menores, algunas altamente automatizadas como Palmitas, y otras en proceso de modernización como Ayurá y Manantiales.
Además, EPM avanza en la sustitución del cloro gaseoso por hipoclorito de sodio producido en sitio, una medida que reduce riesgos operativos y mejora la eficiencia en el tratamiento del agua.
En paralelo, la empresa proyecta inversiones que podrían superar los $13 billones en los próximos 10 años, destinadas a modernizar plantas, reponer redes, actualizar tanques y fortalecer la operación.
Estas inversiones buscan no solo mantener la calidad, continuidad y cobertura, sino también avanzar hacia un sistema más confiable, con infraestructura redundante que permita operar sin interrupciones incluso durante mantenimientos.
Impacto para usuarios y territorio
Esta estrategia tiene implicaciones directas para los usuarios, ya que garantiza estabilidad en el suministro y mitiga riesgos asociados a la variabilidad climática y la presión urbana.
Al mismo tiempo, introduce un mensaje claro para la toma de decisiones públicas y privadas: la sostenibilidad del servicio no depende únicamente de la infraestructura, sino del manejo adecuado del territorio y del comportamiento ciudadano.
En síntesis, aunque el Valle de Aburrá cuenta hoy con agua de alta calidad y un sistema robusto, la sostenibilidad futura dependerá del equilibrio entre inversión, tecnología y cuidado del entorno, en un escenario donde la presión sobre las fuentes hídricas sigue en aumento.
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