La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) Seccional Antioquia, se pronunció sobre el laudo arbitral que condenó a la Agencia Nacional de Infraestructura en el contrato con Ruta al Mar S.A., destacando que la decisión confirma la solidez del modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP). El pronunciamiento se conoció tras la difusión del fallo en medios de comunicación recientes.
En ese sentido, el gremio explicó que este tipo de decisiones se da dentro de los mecanismos de resolución de controversias previstos en los contratos de concesión en Colombia, los cuales se aplican en proyectos de infraestructura a nivel nacional. Además, indicó que estos procesos permiten reconocer riesgos asumidos por el Estado dentro de los acuerdos contractuales.
Fallo evidencia retos en gestión contractual del Estado
Sin embargo, la CCI, advirtió que el caso no es aislado. Según la entidad, actualmente, la mayoría de las concesiones de infraestructura en Colombia enfrentan situaciones similares, , al tiempo que precisó que los contratos son exigibles, que los riesgos están claramente asignados y que los mecanismos de resolución de controversias funcionan cuando son activados. Este contexto refleja una tendencia que, según la entidad, trasciende casos individuales.
En consecuencia, la agremiación indicó que cuando estos conflictos se vuelven recurrentes, Ya no está frente al problema de un proyecto, sino frente a un problema de capacidad institucional para administrar los contratos de concesión. Este punto resulta clave para inversionistas y empresas, pues incide directamente en la seguridad jurídica y en la ejecución de proyectos de infraestructura.
Llamado a fortalecer seguridad jurídica y sostenibilidad del modelo
Finalmente, la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia hizo un llamado al Estado para actuar con urgencia. Según el gremio, es necesario fortalecer los mecanismos de gestión y restablecimiento del equilibrio contractual, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del modelo concesional y la continuidad de los proyectos.
Así, la entidad reiteró que la seguridad jurídica es una condición esencial para el desarrollo de la infraestructura en Colombia, ya que impacta la confianza de los inversionistas, la ejecución de obras y el crecimiento económico asociado a este sector.