Medellín ejecutó un operativo sin precedentes contra una red de contrabando de servicios públicos que le costó a la ciudad más de $1,24 billones entre 2020 y 2025, tras imponer medidas cautelares a 42 bienes —14 establecimientos comerciales y 28 inmuebles— avaluados en $96.000 millones.
La acción se concretó luego de 16 meses de investigación articulada entre la Alcaldía, EPM, la Policía y la Fiscalía, y se concentró en zonas como Laureles, Belén y el Centro. Las autoridades establecieron que la red operaba mediante manipulación de medidores y conexiones ilegales de energía, agua y gas, lo que reducía costos operativos y generaba ganancias ilícitas millonarias.
Además, las pruebas evidencian un esquema sostenido desde 2013, con vínculos familiares y comerciales entre los implicados. Este modelo permitió que estructuras criminales se especializaran en la defraudación de fluidos, consolidando una práctica que escaló en sofisticación técnica.
Impacto en recursos públicos
El secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, enfatizó que “este es un golpe histórico contra las finanzas criminales. A los delincuentes lo que más les duele es la plata y es precisamente allí donde estamos concentrando parte importante de nuestros esfuerzos”. En esa línea, agregó que la ofensiva busca desmantelar no solo estructuras sino sus patrimonios.
Por su parte, el gerente de EPM, John Maya, explicó que estas prácticas se volvieron cada vez más complejas: “se crearon grupos especializados en esa defraudación, incluso con túneles subterráneos y redes ilegales construidas con conocimiento técnico”. Asimismo, advirtió que el fenómeno creció con participación de clanes familiares que perfeccionaron el delito.
El directivo también alertó sobre el impacto económico directo: “esa es plata que deja de entrar a EPM, y eso significa menos recursos para colegios, vías, centros de salud y programas sociales”. En consecuencia, la defraudación no solo afecta las finanzas de la empresa, sino la inversión pública del municipio.
Extinción de dominio y nuevas investigaciones
En esta fase, los bienes quedaron bajo control de la Fiscalía y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), lo que implica la pérdida definitiva de estos activos para los implicados. Según EPM, este proceso marca un cambio: ya no basta con pagar deudas, ahora el delito conlleva la pérdida del patrimonio.
Además, las autoridades confirmaron que esta es la segunda fase de operativos y anticiparon una tercera ola de intervenciones. En paralelo, continúan las investigaciones para identificar más establecimientos —más de 100 estarían bajo análisis— vinculados a estas prácticas.