La Procuraduría General de la Nación, asumirá un papel de articulador entre Gobierno, empresas, entidades territoriales, usuarios y expertos para contribuir a la seguridad energética nacional, según anunció el procurador Gregorio Eljach Pacheco durante la 60ª Convención Bancaria.
Deudas y caja, entre las prioridades
Eljach, explicó que la entidad participará en la construcción de una hoja de ruta para enfrentar los problemas financieros y operativos que afectan al sector energético. La iniciativa surgió tras una reunión realizada en Bogotá con participación del Gobierno, empresas privadas, Afinia, Air-e, usuarios, academia y expertos. “La próxima reunión va a ser en Valledupar, que también tiene el problema grave de Afinia, para establecer entre todos nosotros, públicos y privados, públicos de todos los niveles, la hoja de ruta para lograr la seguridad energética nacional”, señaló.
Según el procurador, aunque la seguridad energética es un objetivo de mediano y largo plazo, existen problemas que requieren medidas inmediatas, especialmente relacionados con deudas, liquidez y flujo de caja. En ese sentido, destacó el traslado de recursos por cerca de $1,5 billones realizado por el Gobierno para aliviar parte de las obligaciones por subsidios con el sector energético.
Además, la Procuraduría puso el foco en las obligaciones de las entidades territoriales. Eljach recordó que gobernaciones, alcaldías, hospitales y colegios tienen el deber legal de pagar el consumo de electricidad. Como ejemplo, mencionó una investigación disciplinaria contra el alcalde de Santander de Quilichao por una deuda de $70.000 millones en energía.
Riesgo financiero y suministro
El procurador también advirtió que la situación del sector tiene varias dimensiones. Una corresponde al componente fiscal y financiero, relacionado con las deudas y la disponibilidad de caja tanto del nivel central como de las entidades territoriales. La otra está vinculada con la capacidad de generación, especialmente de las hidroeléctricas.
En este último frente, Eljach manifestó preocupación por las condiciones climáticas que podrían afectar la generación hidráulica y señaló que el país debe actuar con anticipación. “No es para alborotar, no es para crear mal ambiente, sino que si no somos previsivos y no se actúa ya, la cosa no solamente va a seguir mal, sino que podría empeorar”, afirmó.
La preocupación adquiere especial relevancia en la región Caribe, donde, de acuerdo con el procurador, se concentra parte importante de las dificultades asociadas con tarifas y prestación del servicio. Eljach incluso advirtió sobre el riesgo de que un problema financiero pueda terminar afectando el suministro eléctrico si no se adoptan medidas oportunas.
Procuraduría como articulador
Por eso, la entidad no asumirá directamente la responsabilidad por los resultados de las medidas, sino que buscará facilitar acuerdos entre los diferentes participantes. “La Procuraduría ha sido el articulador, seguirá siendo el que va a permitir el diálogo para hacer consensos. No se asume la responsabilidad de los resultados, sino el acompañamiento y el apoyo y la búsqueda de soluciones”, explicó Eljach.
Como parte de este mecanismo, el procurador indicó que la coordinación de los próximos encuentros estará bajo la orientación de Erika Fontalvo, directora de El Heraldo, propuesta que, según relató, fue aceptada por los participantes. La siguiente reunión está prevista en Valledupar, donde se continuará trabajando en la hoja de ruta para la seguridad energética.
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