El Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió concepto favorable para disponer de $5.800 millones destinados a realizar la consulta popular del Área Metropolitana de Urabá, un paso que permite avanzar en la preparación de la jornada en la que los habitantes de Mutatá, Carepa, Chigorodó y Apartadó decidirán si aprueban la creación de este esquema de integración regional.
El pronunciamiento, dirigido al registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo, despeja el componente presupuestal que había frenado el proceso. De esta manera, la iniciativa suma un avance financiero e institucional para continuar con los procedimientos necesarios antes de convocar a las urnas.
“Esta es una gran noticia para Antioquia y para Urabá”, afirmó Luis Fernando Agudelo, director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia. El funcionario destacó los retos que afrontará la subregión con la conexión del Túnel del Toyo y el sistema portuario, así como la oportunidad de fortalecer la institucionalidad pública para mejorar la calidad de vida, particularmente la de los estudiantes de Urabá.
¿Qué cambiaría con la integración regional?
La propuesta busca que los cuatro municipios coordinen decisiones sobre asuntos que superan sus límites administrativos. Entre ellos figuran la planeación, el ordenamiento territorial, la movilidad, la infraestructura, los servicios públicos, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico. La integración permitiría abordar estos temas desde una perspectiva regional, en una subregión que enfrenta retos y oportunidades asociados con la conectividad y la actividad portuaria.
Antes del concepto favorable de Hacienda, la iniciativa ya había recibido pronunciamientos favorables de las Comisiones de Ordenamiento Territorial del Senado y de la Cámara de Representantes. Estos antecedentes hacen parte de los pasos institucionales adelantados para llevar la propuesta a consulta popular.
El siguiente paso dependerá de la aprobación y transferencia efectiva de los recursos a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Posteriormente, el proceso deberá continuar con los procedimientos legales y logísticos correspondientes, incluida la convocatoria y la expedición del calendario electoral, según lo establecido por las autoridades competentes.