La directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Paula Andrea Palacio Salazar, celebró la decisión de un juez de segunda instancia que ordenó que Miguel Andrés Quintero Calle cumpla medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario, luego de revocar parcialmente el beneficio de detención domiciliaria que le había concedido un juez de primera instancia. La determinación se produjo tras la apelación presentada por la representación judicial de la entidad, reconocida como víctima dentro del proceso. Con esta decisión, la medida preventiva deberá cumplirse en un centro de reclusión y no en el lugar de residencia del investigado.
La investigación está relacionada con presuntas irregularidades en seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Según los elementos analizados durante el proceso, el posible detrimento de recursos públicos superaría los $2.481 millones, una cifra asociada a presuntos sobrecostos y bienes o servicios que no contarían con el debido respaldo. Por esta razón, la entidad intervino como víctima y solicitó que la medida de aseguramiento fuera más restrictiva, al considerar que la detención domiciliaria no resultaba suficiente frente a la gravedad de los hechos investigados y la posible afectación del patrimonio público.
Al referirse a la decisión judicial, Salazar destacó que la entidad acudió a los mecanismos legales para defender los recursos de los ciudadanos y conseguir que se revisara la determinación inicial. “Los recursos públicos se respetan. Desde el Área Metropolitana, como entidad víctima, hemos defendido con firmeza el patrimonio de los ciudadanos y acudido a las herramientas jurídicas para que estos hechos sean investigados.
Apelamos la decisión inicial porque consideramos que la detención domiciliaria no era suficiente”, afirmó la directora. Además, agregó: “Esta determinación de segunda instancia representa un avance en la defensa de los recursos de todos. La corrupción no puede tener privilegios y seguiremos trabajando para que se esclarezca lo ocurrido y se haga justicia”. De esta manera, Palacio celebró el resultado de la apelación y reiteró el compromiso institucional con la defensa del patrimonio público.
Una decisión que cambia las condiciones de detención
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín resolvió los recursos de apelación y ordenó imponer a Miguel Andrés Quintero Calle medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión. Asimismo, dispuso expedir la correspondiente boleta de encarcelación para que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) materialice la medida. La decisión modifica las condiciones de detención que se habían establecido inicialmente, pero no constituye por sí misma una sentencia condenatoria