El Grupo EPM, propuso implementar un “Pacto Nacional de Confiabilidad 2026-2030” y una “Política nacional de equidad territorial” para la Región Caribe, con el fin de garantizar la sostenibilidad de los servicios de energía y acueducto en Colombia.
La iniciativa se presentó en Medellín durante el foro “Liderazgo en acción”, donde directivos expusieron medidas ante riesgos regulatorios, climáticos y de infraestructura. Según el gerente general de EPM, John Maya Salazar, “cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de llevar dignidad a cada hogar con agua potable, energía y gas natural”.
Además, el Grupo, con coberturas superiores al 95 % en energía y 92 % en acueducto, planteó que el país debe actuar con rapidez para asegurar abastecimiento y estabilidad del sistema, en medio de tensiones por transición energética y desabastecimiento de gas.
Confiabilidad energética y reglas estables
En esa línea, Margarita Salazar, vicepresidenta de Energía, propuso priorizar proyectos que entren antes de 2027 mediante un plan de choque: el “Pacto Nacional de Confiabilidad 2026-2030”. “El verdadero riesgo de Colombia no es generar, es garantizar firmeza”, afirmó.
Asimismo, Jorge Yepes, vicepresidente de Regulación, advirtió que cambios frecuentes en normas afectan la expansión del sistema y pidió eliminar barreras en licenciamiento y conexión. “Una institucionalidad fuerte logra que los servicios lleguen hoy y mañana”, señaló.
Por su parte, el gerente de Afinia, Ricardo Arango, enfatizó en un enfoque diferencial para el Caribe. “La sostenibilidad del sistema no puede seguir dependiendo únicamente de los operadores en territorios con desventajas estructurales”, dijo, al tiempo que alertó que el atraso en subsidios puede generar un “efecto contagio” en todo el mercado eléctrico.
Caribe y gas, claves del sistema
En consecuencia, la propuesta de política territorial busca atender pobreza energética, fraude e infraestructura rezagada en la región Caribe, factores que presionan tarifas y estabilidad del sistema.
De igual forma, EPM planteó asegurar el abastecimiento de gas natural. Luisa Pérez, gerente de Gas, advirtió que el país debe combinar exploración e importación: “el servicio más caro es el que no se tiene”, mientras insistió en viabilizar al menos dos proyectos de regasificación.
Finalmente, expertos del grupo señalaron que la seguridad hídrica también exige inversiones sostenidas —5,3 billones de pesos en la última década— y reglas tarifarias claras para garantizar operación eficiente.
Impacto para el país
La propuesta tiene implicaciones directas en tarifas, inversión y seguridad energética. En el corto plazo, priorizar proyectos podría evitar racionamientos y volatilidad de precios. En el mediano plazo, el enfoque Caribe busca reducir brechas regionales que hoy afectan la sostenibilidad del sistema.