El Gobierno Nacional defendió la libertad de prensa, la caricatura y el disenso político, pero rechazó los ataques que considera misóginos contra la primera dama de Colombia. En un comunicado divulgado el 11 de octubre de 2026, ministros y altos funcionarios cuestionaron expresiones atribuidas al caricaturista Julio César González, conocido como «Matador», particularmente el uso del término “ratica” y los señalamientos relacionados con la apariencia física de la primera dama. Además, hicieron un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que examine los hechos y determine si existe alguna conducta sancionable.
La Presidencia sostuvo que las expresiones dirigidas contra la apariencia física de una mujer y su representación mediante términos deshumanizantes pueden menoscabar su dignidad y desacreditar su liderazgo público. Según el documento, estas descalificaciones no cuestionan las ideas, decisiones o actuaciones de la persona, sino que recurren a estereotipos de género. Por ello, el Gobierno afirmó: “La misoginia no puede disfrazarse de humor ni utilizarse como instrumento de confrontación política”. Sin embargo, el comunicado también reconoce que la libertad de expresión protege la crítica, la sátira y el debate democrático, al tiempo que reivindica el derecho a rechazar públicamente expresiones degradantes y discriminatorias.
La Ley 1257 de 2008 y el llamado a la Fiscalía
El pronunciamiento invoca la Ley 1257 de 2008, que establece medidas para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, incluida la violencia psicológica. También menciona la Ley 2453 de 2025, relacionada con mecanismos frente a la violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos. Con estas referencias, el Gobierno plantea que las agresiones basadas en el género deben examinarse considerando sus posibles efectos sobre la dignidad, la participación y la imagen pública de las mujeres. No obstante, el comunicado no establece que las expresiones señaladas constituyan por sí mismas un delito ni anticipa una decisión judicial.
En consecuencia, el Gobierno pidió a la Fiscalía actuar con diligencia y evaluar los hechos con independencia. El documento precisa que corresponde a las autoridades competentes determinar, con respeto por el debido proceso, si existe una conducta sancionable y si procede activar los mecanismos legales correspondientes. La Presidencia también advirtió que la defensa de los derechos de las mujeres debe aplicarse sin distinciones ideológicas o políticas.
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