ANIF advirtió que la Ley de Financiamiento presentada por el Gobierno para respaldar el Presupuesto General de la Nación 2026, que asciende a $556,9 billones, incrementa la carga tributaria sin abordar el verdadero problema fiscal: el alto nivel de gasto público.
La propuesta gubernamental busca recaudar $26,3 billones para cubrir la expansión del presupuesto nacional. Sin esta aprobación, el gasto se reduciría a $530,6 billones.
Los recursos provendrían, principalmente, del IVA al combustible y a las bebidas alcohólicas, una mayor eficiencia en la DIAN, el impuesto al patrimonio y sobretasas al sector financiero. En la práctica, se trata de una nueva reforma tributaria que impactará tanto a empresas como a personas naturales.
El impacto en las personas naturales
Uno de los cambios más sensibles es la ampliación del rango de renta líquida para las personas naturales. La tarifa empezará a aplicarse desde los 1.700 UVT (alrededor de $84,7 millones anuales), con un tope máximo del 41% para quienes superen los $129 millones mensuales.
Esto significa que la reforma no afectará a quienes tengan ingresos inferiores a $7 millones mensuales, es decir, al 92,4% de los ocupados del país. Sin embargo, quienes superen este umbral verán un aumento en su carga tributaria.
Además, el impuesto al patrimonio se endurece: el umbral de entrada baja de 72.000 a 40.000 UVT, lo que ampliará el número de contribuyentes obligados a declarar. ANIF advierte que esta medida puede desincentivar la inversión y estimular la salida de capitales hacia otros países.
El análisis de ANIF
ANIF fue contundente en su evaluación: la Ley de Financiamiento resulta inconveniente. La entidad sostiene que el proyecto no ataca de fondo el déficit fiscal, sino que se limita a respaldar un mayor gasto. Además, advierte que las nuevas cargas tributarias desincentivarían el ahorro y la inversión, afectarían la competitividad del sector financiero y pondrían en riesgo el crecimiento económico del país.
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