El aumento del salario mínimo para 2026, decretado por el Gobierno Nacional, provocó una reacción inmediata de algunos aspirantes presidenciales de oposición , quienes advirtieron impactos sobre empleo formal, informalidad e inflación, en un contexto de bajo crecimiento y alta sensibilidad electoral.
Tras el cierre sin acuerdo de la mesa de concertación, el Gobierno fijó el salario mínimo y el auxilio de transporte en $2 millones. En ese sentido, Juan Carlos Pinzón, uno de los primeros en pronunciarse, sostuvo que “el aumento del salario mínimo en 23% puede sonar bien, pero en la realidad pone en riesgo el empleo formal de millones de colombianos”, y añadió que con una informalidad que ya supera el 55%, puede empujar a más personas a la precariedad.
En la misma línea, Juan Manuel Galán fue más enfático al afirmar: “Masacre laboral para la formalidad”, y aseguró que el aumento condena a miles de trabajadores a la informalidad: sin prestaciones, sin seguridad social, sin estabilidad.
Efectos económicos y lectura política
Además, Galán advirtió que se trata de “¡pan para hoy, hambre para mañana!”, al señalar que un incremento del 23,78% es irresponsable y que, para quienes están en la informalidad, todo se les encarece sin que su ingreso suba.
Por su parte, David Luna subrayó que el debate refleja “lo difícil que se ha vuelto hacer política responsable”, donde advertir riesgos se castiga y decisiones que aumentan la desigualdad “aparecen como heroicas”. Por último, Mauricio Cárdenas coincidió en el diagnóstico y afirmó que, sin crecimiento ni productividad, muchos empleadores concluirán que sus números no dan y terminarán despidiendo, lo que se traduce —según dijo— en más informalidad, inflación y tasas de interés más altas, con costos duraderos frente a beneficios de corto plazo.
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