En medio de la controversia generada por el Decreto Legislativo 1474 de diciembre de 2025, expedido durante la emergencia económica, el Gobierno nacional defendió el aumento de impuestos a las bebidas alcohólicas y a los cigarrillos, al asegurar que se trata de un impuesto saludable que reduce el consumo de productos nocivos, salva vidas y contribuye a disminuir la pobreza.
El Ministerio de Salud y Protección Social afirmó que la medida es “plenamente constitucional, técnica y sustentada en evidencia científica”, y que no responde a una decisión coyuntural. Según la cartera, los impuestos al alcohol y al tabaco figuran entre las herramientas más costo-efectivas para reducir la carga de enfermedad y las muertes evitables, tal como lo respaldan estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Además, el aumento de precios tiende a modificar patrones de consumo, especialmente entre jóvenes y hogares de menores ingresos.
Menor consumo y protección a la infancia
En el caso del tabaco, Colombia mantiene uno de los precios más bajos de la región, con cigarrillos por debajo de dos dólares internacionales, frente a un promedio regional de 5,1 dólares. Esta alta asequibilidad, según el Ministerio, ha facilitado el acceso entre menores, al punto de que cerca de 500.000 estudiantes en Colombia son usuarios de cigarrillos electrónicos. Las proyecciones oficiales estiman que el consumo de cajetillas se reduciría de 409 millones a 244 millones, mientras que el de vapeadores caería de 134 millones a 67 millones de mililitros.
Alcohol, recaudo y sostenibilidad fiscal
En cuanto al alcohol, la entidad recordó que este es el principal factor de riesgo de muerte entre personas de 15 a 49 años y que, solo en 2019, cerca de 400 menores fallecieron por causas asociadas a su consumo. Las estimaciones técnicas indican que el aumento de impuestos reduciría el consumo de vino en 20% y el de bebidas espirituosas en 16%. Al mismo tiempo, el Gobierno sostiene que el mayor recaudo permitirá financiar programas de salud y educación sin afectar los recursos ordinarios de los departamentos, y rechazó que el alza tributaria impulse el contrabando, citando estudios del British Medical Journal y del Banco Mundial.
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