La contratación inclusiva gana espacio en la agenda empresarial de Medellín y de Antioquia, como una estrategia para conectar las necesidades de talento de las compañías con las capacidades de personas refugiadas, desplazadas y en condiciones de vulnerabilidad. En 2026, más de 120 personas de las 3.000 atendidas ese año por la estrategia «Juntos por la Inclusión», acompañada por Comfenalco Antioquia en alianza con ACNUR, lograron una vinculación laboral formal, según Janeth Arboleda, coordinadora de la iniciativa. Desde 2020, el programa ha atendido a más de 16.000 personas, de acuerdo con las cifras de la Caja de Compensación familiar.
El tema fue uno de los ejes del Foro Juntos por la Inclusión, que reunió a empresas, entidades públicas, organismos internacionales y organizaciones sociales para compartir experiencias de contratación. La apuesta consiste en reconocer que la diversidad puede ampliar las opciones de selección de personal, fortalecer las capacidades de los equipos y contribuir a la productividad y la retención del talento.
Para Giovanni Lepri, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Colombia, “con la inclusión socioeconómica, las personas más vulnerables pueden reconstruir sus proyectos de vida y también aportan a las empresas y al país”. El organismo calcula que en Colombia hay cerca de 2,8 millones de personas refugiadas y migrantes, en su gran mayoría venezolanas, mientras más de siete millones de personas desplazadas internamente siguen necesitando algún tipo de apoyo. En Medellín se acercaría las 300 mil personas. Estas cifras describen grupos distintos y no deben interpretarse como un registro único de personas que buscan empleo.
Refugiados y desplazados: necesidades distintas, barreras compartidas
Una persona refugiada cruza una frontera internacional y busca protección porque no puede regresar de manera segura a su país; una persona desplazada interna abandona su hogar por situaciones de violencia, amenazas u otras circunstancias, pero permanece dentro de las fronteras nacionales. La distinción importa porque cada situación tiene marcos de protección y procedimientos diferentes.
Aunque ACNUR reporta una disminución de los flujos migratorios recientes por las principales fronteras, Lepri advierte que eso no significa que hayan desaparecido las necesidades. Además, alrededor de 500.000 personas en Colombia sufrieron situaciones de desplazamiento o confinamiento durante el año anterior, según las cifras citadas por el representante. El confinamiento afecta a comunidades que no logran salir de sus territorios y enfrentan restricciones para acceder a servicios esenciales.
En el mercado laboral, dos de los obstáculos identificados por ACNUR son los trámites administrativos y la falta de documentación o regularización migratoria que permita acceder al empleo formal. Sin los documentos exigidos para cada caso, una persona puede encontrar dificultades para firmar un contrato, abrir una cuenta bancaria o realizar aportes a la seguridad social.
Al mismo tiempo, algunas empresas afirman que necesitan trabajadores, pero desconocen los procedimientos para vincular a personas refugiadas y migrantes. “Las empresas nos dicen que necesitan mano de obra, aunque encuentran dificultades para vincular a estos trabajadores debido a los obstáculos mencionados”, explicó Lepri. Resolver estas barreras requiere orientación tanto para los candidatos como para los empleadores.
Formación y acompañamiento para sostener el empleo
Comfenalco Antioquia articula a empresas, instituciones públicas y organizaciones comunitarias mediante Juntos por la Inclusión. La ruta comienza con la identificación de las necesidades y aspiraciones de cada persona; continúa con orientación ocupacional y formación acorde con los perfiles requeridos por las compañías, y conecta a los participantes con procesos de selección. El acompañamiento no termina con la contratación: incluye apoyo psicosocial durante, por lo menos, los tres primeros meses de trabajo. Arboleda señala que también hay dificultades prácticas, como conseguir quién cuide a los hijos, garantizar la asistencia escolar y reconstruir redes de apoyo familiares que muchas personas dejaron atrás al salir de Venezuela. Por ello, la estrategia busca articularse con servicios institucionales como los programas de la Alcaldía de Medellín y Buen Comienzo.
Incolmotos Yamaha se ha sumado a la iniciativa para ampliar las oportunidades laborales de las personas refugiadas y desplazadas, con el propósito de facilitar su acceso al empleo y promover su permanencia en las organizaciones. Carolina Cardona Álvarez, jefe de Gestión Social de la Fundación Incolmotos Yamaha, destacó que las empresas deben ir más allá del acompañamiento a quienes ya están contratados y desarrollar estrategias que también les permitan acceder a las vacantes.
Entre los desafíos están la documentación requerida para formalizar la contratación, la formación para desempeñar determinadas funciones y las condiciones necesarias para mantener el empleo. Esta apuesta se complementa con la promoción de la equidad de género: casi el 30 % de la población de la línea de ensamble de la planta es femenina. Además, la compañía cuenta con un instituto técnico que forma jóvenes en mecánica de motocicletas, de los cuales cerca del 70 % consigue insertarse laboralmente en menos de tres meses, según Cardona.
En síntesis, el foro plantea que la inclusión requiere más que una vacante: exige coordinar formación, trámites, selección y acompañamiento para que las personas puedan ingresar y mantenerse en el empleo. Para las empresas, el desafío es convertir esas prácticas en procesos sostenibles que conecten las necesidades de talento con las capacidades disponibles.
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